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El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó el Informe Especial “Niños, niñas y adolescentes con padres y madres privados de libertad”, que expone por primera vez una estimación nacional de 38.000 niños, niñas y adolescentes afectados por el encarcelamiento de sus progenitores.
Entre los principales hallazgos, el informe revela la ausencia de un registro oficial de niños y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, así como la falta de protocolos estandarizados para la actuación policial y judicial durante las detenciones que involucran a cuidadores o cuidadoras principales. El MNP advierte que esta situación genera altos niveles de desprotección y riesgo de vulneración de derechos, incluyendo la separación forzosa y la institucionalización innecesaria.
El documento también pone de relieve la necesidad de que jueces, fiscales, defensores y fuerzas de seguridad identifiquen de manera temprana la situación familiar de las personas detenidas y procesadas, integrando un enfoque de derechos de la niñez en todo el proceso penal.
Recomendaciones clave:
El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA): a desarrollar una política pública específica para la atención y protección de estos niños y niñas.
El Ministerio de Justicia: a generar mecanismos para mantener los vínculos familiares entre personas privadas de libertad y sus hijos.
La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público: a aplicar medidas alternativas a la prisión cuando existan responsabilidades parentales.
La Policía Nacional: a elaborar un protocolo de actuación para garantizar la protección inmediata de los niños, niñas y adolescentes durante las detenciones.
El Congreso Nacional: a promover reformas legales que reconozcan la situación de esta población como una prioridad en la agenda de derechos humanos.
El análisis concluye que la privación de libertad de un padre o madre tiene efectos directos sobre la niñez, profundizando la desigualdad, el estigma y la exclusión social. El MNP reitera su llamado a construir una respuesta interinstitucional y humanizada, centrada en la prevención de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El informe fue elaborado por la comisionada nacional Claudia Sanabria, con la revisión de los comisionados Orlando Castillo y Sonia Von Lepel, el apoyo técnico de Juan Bautista Rivarola, Ricardo Lesme y Derlis Fernández, además de la cooperación de la Procuración Penitenciaria de la Nación (Argentina) en el marco del Proyecto FOAR para el fortalecimiento de los mecanismos de derechos humanos.
