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El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó su Informe Anual de Gestión 2025, en el que expone los principales avances institucionales, hallazgos en terreno y desafíos persistentes en la protección de los derechos humanos de personas privadas o afectadas en su libertad en Paraguay.
Durante el año, el MNP alcanzó un importante nivel de despliegue territorial y técnico, con 151 visitas de monitoreo y la emisión de 101 informes, consolidando su presencia en distintos ámbitos de encierro y ampliando su intervención hacia espacios no tradicionales, como casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, hogares de adultos mayores y dispositivos de salud mental.
En cuanto a las condiciones estructurales, el informe advierte situaciones críticas, especialmente en el sistema penitenciario. La población privada de libertad supera las 18.000 personas, con niveles extremos de hacinamiento que alcanzan hasta el 1.228% en algunos establecimientos, y con un 52% de personas en prisión preventiva, lo que evidencia un uso extendido de esta medida.
El MNP también alerta sobre patrones estructurales de vulnerabilidad: el 60,2% de las personas privadas de libertad no cuenta con condena, mientras que adolescentes y mujeres presentan condiciones particulares de exclusión, vinculadas a pobreza, consumo problemático de sustancias y trayectorias marcadas por violencia.
En otros ámbitos, el informe destaca preocupaciones como la prolongada permanencia de niños, niñas y adolescentes en sistemas de cuidado alternativo, el crecimiento de la institucionalización de personas adultas mayores en contextos con débil regulación, y la persistencia de modelos asilares en salud mental, con limitaciones para avanzar hacia enfoques comunitarios.
Desde el posicionamiento institucional, el MNP reafirma que la prevención de la tortura requiere una acción estatal integral, sostenida y basada en evidencia, así como una transformación de prácticas estructurales que reproducen lógicas de exclusión, castigo y vulneración de derechos.
En ese sentido, el informe se presenta no solo como un ejercicio de rendición de cuentas, sino como una herramienta de incidencia para promover políticas públicas que garanticen la dignidad humana en todos los contextos de encierro.
Publicado el: 24/03/2026