Urgente fortalecimiento de políticas públicas de prevención de la tortura y malos tratos en hogares de personas adultas mayores

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) expresa su profunda preocupación por la persistencia de situaciones de riesgo de tratos crueles inhumanos degradantes y tortura que afectan a personas adultas mayores institucionalizadas en hogares públicos y privados. En las visitas de monitoreo, el MNP ha documentado condiciones estructurales, prácticas negligentes y formas de trato que vulneran la dignidad y los derechos humanos de esta población.

En sus recomendaciones, el MNP alertó sobre aspectos que generan condiciones de vulneración de derechos como: ausencia de integralidad en la atención en salud, la medicalización sin control, la falta de personal capacitado y la débil supervisión estatal en numerosos establecimientos. Estas condiciones, sumadas a la invisibilización de los adultos mayores como sujetos de derechos, crean un entorno propicio para la ocurrencia de malos tratos e incluso actos que pueden constituir tortura.

Reafirmamos que la edad, la dependencia funcional o el estado de salud no deben ser excusas para restringir derechos ni justificar prácticas deshumanizantes. El Estado tiene la obligación ineludible de garantizar la protección efectiva de las personas mayores, especialmente cuando se encuentran bajo su custodia o en instituciones sujetas a su regulación.

Instamos a las instituciones competentes a adoptar medidas estructurales y preventivas que incluyan: fiscalización regular e independiente de los hogares, formación continua del personal, creación de protocolos para la prevención del abuso y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia accesibles y confiables para los residentes y sus familias.

El MNP reitera su compromiso con la promoción de un modelo de cuidado centrado en los derechos humanos, que asegure el respeto, la autonomía y el bienestar integral de todas las personas mayores, y reitera la disposición a colaborar con los organismos del Estado para implementar políticas públicas preventivas y reformas sustantivas en este ámbito.