El aumento de los casos de tuberculosis en los centros penitenciarios a nivel nacional es un problema que el MNP viene señalando reiteradamente al Ministerio de Justicia. Las condiciones de encierro representan el principal riesgo de propagación, debido a la sobrepoblación y el hacinamiento.
Durante los monitoreos, el MNP ha constatado:
-Hacinamiento extremo, que supera el 500 % en algunos centros.
-Falta de detección temprana y acceso a servicios de salud.
-Déficit de personal, insumos y espacios adecuados para el tratamiento.
-Condiciones de vida insalubres y degradantes.
Ante esta situación, el MNP reitera sus principales recomendaciones:
-Realizar tamizajes obligatorios y periódicos a las personas privadas de libertad y al personal penitenciario.
-Asegurar tratamiento continuo y en condiciones dignas, en un área o pabellón específico conforme a la Ley de TBC.
-Asegurar la provisión de medicamentos e insumos para el tratamiento.
-Avanzar en la aplicación de políticas de descongestión penitenciaria sostenida
El aumento de casos de tuberculosis tiene una relación directa con el sistema de corrupción imperante en los centros penitenciarios. Las personas enfermas de tuberculosis o con síntomas no acceden de manera rápida y adecuada a la atención médica si no pagan entre 2.000 y 5.000 guaraníes para poder atravesar los portones hasta llegar a Sanidad. Lo mismo sucede para poder consumir sus medicamentos, que en varios centros son repartidos por agentes penitenciarios y no por el personal de blanco, lo cual refuerza las lógicas de corrupción.
La tuberculosis presenta efectos diferenciados dentro de la población penitenciaria en situación de vulnerabilidad, impactando con mayor severidad a mujeres, personas indígenas, adultas mayores y personas LGTBIQ+, quienes enfrentan condiciones agravadas de exclusión y discriminación estructural.
El MNP solicita declarar la emergencia sanitaria penitenciaria en las Penitenciarias afectadas, con acciones coordinadas entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia con presupuesto adecuado. Asimismo, recuerda que el Estado tiene la obligación de proteger la salud de las personas privadas de libertad, y que la inacción puede constituir trato cruel, inhumano y degradante. Reitera su disposición a colaborar con las autoridades y llama a la ciudadanía a seguir de cerca esta crisis sanitaria, que tiene repercusiones directas en la comunidad.