El Anuario evidencia que más de la mitad de la población penitenciaria se encuentra en situación de prisión preventiva, así como la persistencia de problemas estructurales como el hacinamiento en determinados establecimientos. El informe también identifica grupos en mayor situación de vulnerabilidad.
En el ámbito policial, el estudio revela que una proporción significativa de las restricciones de libertad se produce sin orden judicial, mientras que en otros sectores se observa la falta de registros completos y actualizados, lo que dificulta la trazabilidad y el control institucional. El Anuario también advierte sobre desigualdades territoriales y desafíos en la adecuación de los establecimientos a los marcos normativos vigentes.
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