Diálogo sobre la problemática de la prisión preventiva dentro del sistema penal, en Guairá

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) organizaron, de manera conjunta, conversatorios sobre la problemática actual de la prisión preventiva dentro del sistema penal, desarrollados el pasado jueves 23 de mayo, en Villarrica.
Esta iniciativa es coordinada desde el MNP por el comisionado nacional Renzo Cristaldo, quien socializó el posicionamiento institucional sobre la temática.
En este marco, el primer encuentro se llevó a cabo en una de las salas de juicios orales del Palacio de Justicia, dirigido a autoridades del sistema penal de la circunscripción del Guairá, cuyo objetivo fue tanto la divulgación de la Acordada N° 1511 como un análisis sobre su aplicación efectiva en el marco de estrategias para asegurar la excepcionalidad de la prisión preventiva, tal como está prevista en el marco normativo nacional.
La apertura del acto estuvo a cargo de la presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción de Guairá, Elsa Escobar de Keudell; y la serie de exposiciones se inició con el juez de Garantías de Villarrica, Marcelo Ramírez, representante de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el tema “La Acordada No. 1511 como estrategia de la Corte Suprema de Justicia frente a los problemas relacionados con la prisión preventiva. Aspectos prácticos de su aplicación”.
Por su parte, el defensor adjunto en lo Penal del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), César Cañete, expuso sobre “Estrategias del MDP para la racionalización del sistema penal: presentación de instructivos”, ocasión en la que abordaron los avances institucionales para hacer frente a la problemática y primeros resultados de la aplicación de los instructivos para defensores/as públicos/as “sobre la solicitud de revocación de la prisión preventiva cumplido el plazo de pena mínima previsto en la ley” (Resolución D.G. N° 33/2024) y “sobre medidas que buscan evitar la fijación irracional e innecesaria de plazos de investigación extensos y la aplicación de la prisiones preventivas sin el cumplimiento de los presupuestos previstos en la ley” (Resolución D.G. N° 34/2024)..
Asimismo, Diego Molinas, de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP-Paraguay), compartió la mirada sobre los “Factores extralegales que inciden sobre la prisión preventiva: Reacción social, medios de comunicación, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, política criminal, crimen organizado”.
También participaron, por el Ministerio Público (MP), el agente fiscal Erico Alfredo Ávalos y por la Orden de Abogados del Guairá, el Abg. Javier Paredes, además de magistrados/as de Garantías y de Sentencia y defensores públicos, con quienes se ha logrado mantener una conversación abierta y fluida sobre los desafíos implicados en la revisión oficiosa de la prisión preventiva, como sobre la independencia de Poder Judicial, sobre todo frente a la incidencia de factores extralegales que pretenden permear en la temática.

En el ámbito académico

El segundo conversatorio se llevó a cabo en el salón auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES), con la participación de estudiantes y plantel docente de la entidad educativa, encuentro que buscó sensibilizar al público sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva y dar a conocer tanto desafíos como estrategias para hacerla realidad.
La apertura de este evento estuvo a cargo de José Simón Cateura, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la UNVES; y de Juan Carlos Bordón, vicepresidente y representante del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Guairá.
Los y las expositores/as fueron Luz María Báez, docente de la Facultad; Renzo Cristaldo, Comisionado Nacional del MNP; Marcelo Ramírez, juez penal de Garantías de Villarrica y representante de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia; Marcelo López, defensor público en lo Penal y vicedecano de la Facultad; Laura Fernández, agente fiscal del Ministerio Público; y Diego Molinas, investigador de INECIP Paraguay.
Con posterioridad a las presentaciones se han dado importantes discusiones entre el público presente y los/las representantes institucionales, evidenciando el interés académico en asuntos de máxima relevancia y actualidad en el sistema penal.
Propuestas y agradecimientos
Estos han sido dos nuevos conversatorios que siguieron a los ya desarrollados en la ciudad del Pilar, en el mes de abril pasado, también en los ámbitos judicial y académico. Tanto aquellos como éstos dejaron reflexiones importantes en torno a desafíos que aún existen para que una iniciativa como la Acordada N° 1511 del año 2021, se haga realidad y sirva de manera sustancial a sus objetivos: la naturalización de la aplicación de la prisión preventiva en forma excepcional (para lo que sirve de guía) y el uso de la revisión de oficio de la prisión preventiva como instrumento al servicio de la descongestión penitenciaria.

Informe especial sobre conclusiones 
Las conclusiones de estos encuentros serán sistematizadas por el MNP en un informe especial y serán aportadas a la CSJ y otros actores relevantes del sistema judicial penal a fin de apuntar a la aplicación efectiva de la normativa pertinente y que ello impacte realmente en la vida de las personas privadas de libertad.
El MNP hace un especial agradecimiento a la Corte Suprema de Justicia por la apertura para la organización de estos conversatorios, en especial a la Dirección de Derechos Humanos, la Oficina Técnica Penal y los Consejos de Administración de las Circunscripciones Judiciales de Ñeembucú y Guairá; al MDP, en especial a la Defensoría Adjunta en lo Penal; al INECIP; al MP, en especial a las Fiscalías Adjuntas de Ñeembucú y Guairá y sus respectivos agentes fiscales coordinadores; a la Universidad Nacional de Pilar; a la UNVES, a la Asociación de Abogados Pasilleros de Ñeembucú, al Colegio de Abogados de Ñeembucú, a la Orden de Abogados del Guairá y a los/las magistrados/as, defensores/as públicos/as, agentes fiscales, abogados/as, docentes y estudiantes participantes.