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Con la participación de ponentes internacionales, referentes locales del ámbito público y de la sociedad civil, se llevó a cabo este martes 22 de octubre el Seminario Internacional «Mujeres y Drogas” – Alternativa a la privación de libertad desde un enfoque diferenciado, con el objetivo de promover la difusión de la Opinión Consultiva OC – 29/2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fue organizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de la Defensa Pública (MDP), el Ministerio Público (MP), el Sistema de las Naciones Unidas en Paraguay, con la Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina de las NNUU contra la Droga y el Delito (UNODC), el Fondo de Población de las NNUU (UNFPA); así como la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
El evento se realizó en el Palacio de Justicia y la apertura estuvo a cargo de la ministra Carolina Llanes, miembro de la CSJ; y de la comisionada nacional Claudia Sanabria, presidenta de turno del MNP; quienes coincidieron en destacar la importancia del espacio de socialización de experiencias y diálogo entre las diferentes instancias involucradas.
La primera expositora internacional fue Romina Sijniensky, experta en sistema interamericano y ex Secretaria Adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el título “Rompiendo barreras hacia la aplicación efectiva del enfoque diferenciado en la aplicación de medidas alternativas ante el delito de drogas”.
Seguidamente se dio paso a la mesa sobre Experiencias Comparadas, moderadora por el comisionado nacional Orlando Castillo, que contó como ponentes con Ana Lucía Moncayo, docente investigadora del Centro de Política Criminal de la Universidad del Externado de Colombia; Juan Carlos Pérez, director de la Defensa Pública de Costa Rica; Daniela Escallon Vicaria, coordinadora de Sistemas de Justicia, UNDOC, Colombia; y Veronica Filippeschi, asesora principal sobre Vulnerabilidades y Políticas para la APT.
Más adelante, se contó con la ponencia de Sonia Von Lepel, comisionada nacional del MNP; Claudina Zavattiero, consultora UNPFA; José Galeano Monti, asesor ACNUDH; Dante Leguizamón, secretario ejecutivo CODEHUPY; y Juliana Quintana, periodista de El Surtidor, quienes compartieron la mesa sobre “Desigualdades y situación de las mujeres en Paraguay”, moderada por la comisionada nacional Elba Núñez.
Por su parte, compartieron las experiencias sobre Buenas prácticas en la aplicación de medidas alternativas para mujeres involucradas en delitos relacionados a drogas en Paraguay: Silvana Luraghi, magistrada del Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado del Poder Judicial; Analía Yinde, defensora pública del MDP; Ingrid Cubilla, Fiscal de Narcotráfico y Crimen Organizado del MP; con la moderación de la comisionada nacional Sonia Von Lepel.
La ponencia final estuvo a cargo de Diego Moreno, juez electo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abordando sobre “Importancia de la aplicación de las opiniones consultivas en el derecho interno paraguayo”.
La OC – 29/2022 dictada por la Corte IDH sobre enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de libertad, invita a los Estados a su aplicación que permita identificar de qué formas las características de los grupos y el entorno penitenciario condicionan la garantía de los derechos de determinados grupos de personas privadas de libertad que son marginalizados.
Paraguay se encuentra en un proceso de reforma de la Ley Nº 1340/88 “Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas…”, que modifica, amplia y actualiza la Ley N° 357/72, normativa que data de décadas pasadas, con un paradigma represivo, deja desprotegidas a las personas más vulneradas de la cadena, y, actualmente está afectando de manera especial y severa a las mujeres.
Ante este contexto, la OC 29/22, se constituye como un instrumento que delinea una política penitenciaria clara, y sienta las bases hacia una legislación que sea más acorde con la vigencia de los derechos humanos, en este caso, de las mujeres. Es por ello, de interés para el MNP su difusión y sensibilización hacia actores claves con el fin de incidir en la política pública.
Impacto de la política de droga en mujeres- ppt MNP SONIA VON LEPEL
