Diálogo interinstitucional sobre niñas, niños y adolescentes con padres y madres privados de libertad

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) llevó a cabo la presentación del Informe Especial sobre niñas, niños y adolescentes con padres y madres privados de libertad, con el propósito de socializar sus hallazgos y recomendaciones, así como promover un espacio de diálogo con instituciones del Estado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo del encuentro fue impulsar acciones coordinadas que permitan avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas y promover políticas públicas alineadas con los estándares internacionales de protección de derechos.
La socialización del informe estuvo a cargo de la comisionada nacional Claudia Sanabria, acompañada por los técnicos del MNP Derlis Fernández, Belén Leguizamón y Liz Paola Díaz. Seguidamente, las representantes de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, de Argentina, Laura Rosetto y Mariana Lauro, compartieron aprendizajes relevantes sobre el abordaje de la temática desde su experiencia institucional.
En este marco se habilitó un espacio de diálogo orientado a las organizaciones del Estado presentes, organismos internacionales y sociedad civil, centrado en dos preguntas clave: ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que tiene el país para avanzar en una respuesta efectiva a la problemática? ¿Cómo podemos construir, de manera conjunta, políticas y programas que respondan a las necesidades identificadas y se alineen con los estándares internacionales?
El encuentro también contó con la intervención de Sara Vera López, asesora para América Latina y monitoreo en la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), quien aportó perspectivas regionales y recomendaciones técnicas; seguida de las reflexiones sobre el compromiso del país frente a esta problemática, a cargo de Carmen Comas, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas.
Participaron representantes del Ministerio de Justicia, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, Cámara de Diputados, Ministerio de la Defensa Pública, así como la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la UNICEF.