MNP en mesa de trabajo sobre ley de drogas

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) participó de la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico, espacio de análisis de la modificación integral de la Ley 1340/88 “Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes”.
La comisionada nacional Sonia Von Lepel asistió a la audiencia pública, a fin de aportar a la discusión la mirada de la institucional.
En este sentido, desde el MNP se propone que se realicé una revisión integral de la norma teniendo en cuenta que el mayor impacto recae sobre las mujeres privadas de libertad; más del 40% de ellas están procesadas o condenadas por la ley de drogas.
Para el MNP, las mujeres en el tráfico de droga en el país, y en América Latina, desempeñan papeles de bajo nivel y no violentos como último eslabón del sistema. En muchos casos, actúan como “micro traficantes” y venden pequeñas cantidades de drogas, o se dedican a transportar sustancias ilícitas dentro y fuera de país; proceden de entornos sociales desfavorecidos y realizan trabajos de alto riesgo en los niveles más bajos de la escala del crimen.
Las mujeres que desempeñan estas ocupaciones vulnerables – mulas y venta al menudeo – tienen más probabilidades de ser procesadas y ser sometidas con todo el peso de la política punitiva en materia de drogas, dando como resultado un impacto no sobre los grandes señores del crimen organizado, si no en el eslabón más débil y expuesta de la cadena.
Las políticas de drogas como las adoptadas para combatir el crimen organizado se caracterizan por la desproporcionalidad en el tratamiento de estos delitos; el uso excesivo de la prisión preventiva; y restricciones a beneficios que limitan el uso de medidas no privativas de libertad.
Por otro lado, el análisis del MNP también plantea que se considera necesario separar la problemática del consumo, que hace a un tema de salud pública, de la política criminal; y la revisión de las funciones de las SENAD.