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El Estado paraguayo es nuevamente evaluado en materia de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un proceso que analiza el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país.
En este contexto, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó e incorporó su informe independiente como parte de los insumos del proceso, aportando evidencia basada en monitoreos, denuncias y análisis realizados entre 2019 y 2025.
El documento destaca que, si bien se registran algunos avances normativos e institucionales, persisten desafíos estructurales significativos en áreas clave. Entre ellos, se identifican problemáticas vinculadas al uso abusivo de la prisión preventiva, el hacinamiento, la corrupción en el sistema penitenciario y prácticas que pueden constituir tortura o malos tratos, así como limitaciones en la implementación efectiva de políticas públicas.
En ese sentido, el MNP reafirma la necesidad de que el Estado garantice el cumplimiento efectivo de las recomendaciones, con voluntad política, recursos adecuados y acciones concretas que permitan avanzar hacia una plena vigencia de los derechos humanos en el país.
EPU Paraguay: claves del informe del MNP
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó su informe en el marco del Examen Periódico Universal, evidenciando avances, pero también desafíos estructurales persistentes.
Sistema penitenciario y tortura
Persisten hacinamiento, corrupción y uso abusivo de la prisión preventiva.
Menos del 6% de las denuncias de tortura avanzan en el sistema judicial.
El aislamiento prolongado en máxima seguridad es considerado tortura.
Niñez y cuidado alternativo
Niños, niñas y adolescentes no mantiene vínculos con sus familias.
Falta de políticas efectivas para la reintegración familiar.
Riesgo de institucionalización prolongada y egresos sin acompañamiento.
Salud mental y consumo problemático
Predomina la institucionalización como respuesta principal.
Persisten internaciones involuntarias y sin enfoque de derechos.
Falta de servicios comunitarios adecuados.
Personas adultas mayores
Débil control y supervisión de hogares.
Falta de políticas públicas efectivas y presupuesto.
Riesgos de abandono e institucionalización sin garantías.
Mujeres privadas de libertad
Aumento del 404% de la población femenina.
Alta prisión preventiva y falta de políticas de reinserción.
Impacto en hijos/as sin protección estatal suficiente.
Adolescentes en conflicto con la ley
Más del 60% en prisión preventiva.
Uso limitado de medidas alternativas como la justicia restaurativa.
Falta de políticas integrales y recursos.
Comisarías y detenciones
Persisten detenciones en condiciones inhumanas.
Audiencias sin garantías de defensa ni privacidad.
Nuevas normativas aumentan riesgos de arbitrariedad.
Problemas estructurales
Falta de presupuesto y voluntad política.
Débil implementación de recomendaciones internacionales.
Persistencia de prácticas contrarias a derechos humanos.
Las recomendaciones del EPU no pueden quedar en el papel: el Estado debe garantizar su cumplimiento efectivo para avanzar en la protección real de los derechos humanos.
Publicado el: 06/05/2026