
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) consolidan una hoja de ruta orientada a profundizar las acciones conjuntas en el ámbito de los derechos humanos. Ambas instituciones delinean intervenciones clave para avanzar sobre ejes estratégicos comunes hacia una gestión de políticas públicas sostenibles.
En este marco de articulación, el pasado 30 de marzo de 2026, los comisionados y comisionadas del MNP —Oscar Ayala Amarilla (presidente de turno), Camilo Filártiga Callizo, Fabio Franco, Elba Núñez y Magdalena Palau— mantuvieron una reunión estratégica con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Alberto Martínez Simón, de la cual también participó la directora de Derechos Humanos de la CSJ, Nury Montiel.
El encuentro permitió exponer las principales preocupaciones del MNP respecto a la habitabilidad en las penitenciarías y los desafíos que plantea el nuevo régimen penitenciario de máxima seguridad. En este contexto, se subrayó que el rol de los juzgados penales de ejecución es determinante para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad y asegurar que la supervisión judicial sea una herramienta efectiva contra la tortura y los malos tratos.
Asimismo, se abordaron temas de coyuntura nacional como la creciente militarización de la seguridad interna y el impacto que este fenómeno puede tener en la vigencia de los derechos humanos y las garantías ciudadanas.
Como resultado del diálogo, ambas instituciones acordaron avanzar hacia la firma de un convenio interinstitucional que dotará de permanencia y previsibilidad a la agenda de trabajo compartida. Este instrumento no solo facilitará la operatividad administrativa, sino que se centrará en dos pilares: cumplimiento de recomendaciones del MNP y capacitación conjunta para formar a los operadores de justicia en materia de prevención de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Por su parte, el ministro Martínez Simón manifestó su total predisposición para optimizar los canales de coordinación que permitan mejorar las condiciones de acceso a derechos en los contextos de encierro.
