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En el marco de su objetivo institucional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) pone a disposición del público, a través de su sitio web oficial, el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) – Anive haguã oiko, como un aporte fundamental a la memoria, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
La Comisión de Verdad y Justicia fue creada por la Ley de la Nación N.º 2225/03 con el mandato de investigar los hechos violatorios de los derechos humanos ocurridos en Paraguay entre los años 1954 y 2003, un período marcado especialmente por la dictadura stronista. La Ley fue aprobada por el Congreso Nacional en 2003 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 16 de octubre de ese mismo año.
La CVJ desarrolló su labor entre octubre de 2004 y agosto de 2008, bajo la presidencia del obispo Mario Melanio Medina, y culminó su trabajo con la entrega de su Informe Final, compuesto por ocho tomos, a los tres Poderes del Estado.
La creación de la Comisión respondió a una demanda histórica de la sociedad civil, en particular de las asociaciones de víctimas de la dictadura y de los organismos de derechos humanos, agrupados en la Mesa de la Memoria y Archivos de la Represión, tras la caída del régimen dictatorial.
El informe documenta de manera exhaustiva graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, privaciones ilegales de libertad, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, exilio forzado, así como vulneraciones específicas a los derechos de niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas y mujeres, además de abordar la problemática de las tierras rurales mal habidas.
Con la publicación de este material, el MNP reafirma su compromiso con la prevención de la tortura, el fortalecimiento de la memoria histórica y la promoción de una cultura de derechos humanos, entendiendo el acceso a la verdad como un elemento esencial para evitar la repetición de prácticas violatorias y consolidar un Estado democrático y respetuoso de la dignidad humana.
