Informe del MNP revela exclusión escolar, consumo temprano y violencia institucional en adolescentes en conflicto con la ley

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó el Informe Especial “Trayectoria escolar de adolescentes en conflicto con la ley. Monitoreo temático en Centros Educativos”, un informe que expone las múltiples vulnerabilidades que atraviesan las trayectorias educativas, familiares y sociales de adolescentes privados de libertad en el sistema penal juvenil.
El estudio fue desarrollado con el apoyo académico de FLACSO Paraguay y la Universidad Iberoamericana (UNIBE), y combina un enfoque cuantitativo y cualitativo, a partir de entrevistas, grupos focales y análisis de datos desagregados por sexo, edad, grado académico y centro educativo
Entre los hallazgos más relevantes, el informe señala que la exclusión escolar se configura como un proceso acumulativo, vinculado a la falta de acompañamiento adulto, dificultades pedagógicas no atendidas, barreras lingüísticas —especialmente para adolescentes hablantes de guaraní—, presiones económicas y desmotivación. Muchos adolescentes relataron haber abandonado la escuela sin que existiera un seguimiento institucional que indagara las causas de su desvinculación.
El consumo de sustancias aparece como un factor transversal en las trayectorias analizadas. Los testimonios evidencian un inicio temprano, generalmente entre los 8 (varones) y 13 años (mujeres adolescentes), en contextos familiares y barriales donde el consumo se encuentra naturalizado. El informe advierte que este fenómeno no puede interpretarse como una decisión individual, sino como parte de un entorno social caracterizado por la ausencia de supervisión adulta, la influencia de pares y la disponibilidad de drogas en la comunidad.
El informe aporta información relevante no solo en relación a la edad de inicio de consumo, sino también el tipo de drogas con las cuales se inician. Un alto porcentaje de los adolescentes manifestaron que iniciaron su consumo problemático con cocaína y con el tiempo y situación económica, terminan consumiendo crack. El consumo de alcohol se encuentra generalizado y es un elemento potenciador del consumo de drogas.
En relación con el contexto familiar y social, los adolescentes describen hogares atravesados por la ausencia paterna, la sobrecarga de las madres, situaciones de violencia y consumo problemático dentro del núcleo familiar. El barrio, por su parte, es identificado como un espacio de socialización marcado por la violencia, disputas territoriales y escasa presencia institucional, lo que incrementa los riesgos de desvinculación escolar y conflicto con la ley.
Se observa la construcción de identidad con el territorio y las formas de relacionamiento desde esta identidad, que en muchos casos generan conflictos inter-barriales y formas de violencia, que posteriormente se vincula con el consumo y el microtráfico.
El informe también documenta relatos de malos tratos y violencia institucional durante las detenciones, señalando que, en un alto porcentaje de los casos, las primeras horas de aprehensión estuvieron marcadas por golpes y prácticas que podrían constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de efectivos policiales y de “comisiones garrote de vecinos”.
En el apartado de conclusiones, el MNP subraya que las trayectorias de estos adolescentes están marcadas por fallas estructurales del sistema educativo, del sistema de protección social y del abordaje estatal del consumo de sustancias, lo que demanda respuestas integrales y sostenidas.

  • Entre las principales recomendaciones, el informe plantea la necesidad de:
    Fortalecer la articulación interinstitucional entre los sistemas de protección, justicia, educación, salud y desarrollo social.
    Avanzar hacia un enfoque de salud pública en las políticas sobre drogas, superando el paradigma represivo.
    Garantizar la presencia de psicólogos, profesores guía y sistemas de acompañamiento en las escuelas.
    Especializar a los actores del sistema penal juvenil y de seguridad en derechos de la niñez y adolescencia.
    Reforzar los programas de acompañamiento post-egreso, para sostener los procesos de reinserción social y educativa.

El informe constituye un insumo clave para la formulación de políticas públicas orientadas a la prevención de la tortura, la exclusión social y la reincidencia, poniendo en el centro las voces y experiencias de los propios adolescentes.