MNP alerta sobre vulneraciones de derechos a mujeres privadas de libertad en el COMPLE

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realizó un monitoreo en el Centro Penitenciario de Mujeres Privadas de Libertad (COMPLE) de Emboscada, entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre de 2025, con el objetivo de evaluar las condiciones de vida y los estándares de trato digno, salud, educación y prevención de la tortura.

El MNP constató con preocupación la persistencia de prácticas que vulneran derechos fundamentales, como la custodia ejercida por personas encapuchadas, contraria a los principios de dignidad, legalidad y rehabilitación. También se observaron deficiencias en la atención médica, ausencia de programas educativos y laborales, presencia de agentes penitenciarios sin formación en derechos humanos ni enfoque de género, y limitaciones para presentar denuncias confidenciales.

La infraestructura no responde a las necesidades específicas de las mujeres, especialmente aquellas con discapacidad o problemas de salud mental, y presenta deficiencias en ventilación, iluminación, acceso y calidad del agua. Además, el aislamiento geográfico del centro debido a su ubicación y la falta de transporte dificultan las visitas familiares, afectando el derecho al vínculo con hijos e hijas.

Durante la visita, el MNP dialogó con autoridades penitenciarias y del Ministerio de Justicia para llamar la atención sobre las principales preocupaciones y promover medidas preventivas urgentes.

El equipo de trabajo estuvo coordinado por la comisionada nacional Elba Núñez e integrado por el comisionado nacional José Carlos Rodríguez, las/os escabinas/os Fátima Morínigo, Norma Benítez, Dina Cabañas, Lucía Sandoval, Walter Isasi y Ruth Irala; y los/as técnicos/as María Elena Verdún, Romilio González, Derlis Fernández, Belén Leguizamón, Juan Rivarola, Robert Giribaldi, Victor Rocholl y Jorge Bogado.

Con base en los hallazgos, se elaborará el informe con recomendaciones, instando al Ministerio de Justicia y a los órganos del Estado a garantizar que todas las mujeres privadas de libertad sean tratadas con humanidad, respeto e igualdad, conforme a la Constitución Nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.