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El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano autónomo e independiente creado por la Ley N.º 4288/2011, remitió su informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU).
El documento recoge información obtenida entre 2019 y 2025 a partir de visitas de monitoreo a lugares de privación y afectación de libertad, análisis de denuncias y revisión normativa. Su objetivo es aportar una evaluación independiente sobre la situación de los derechos humanos en dichos contextos y formular recomendaciones orientadas a prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en Paraguay.
El informe reconoce avances significativos, como la aprobación de la Ley de Salud Mental, la incorporación de la justicia restaurativa en el ámbito adolescente, la separación progresiva de personas procesadas y condenadas y nuevas leyes que fortalecen la protección de la niñez y adolescencia. Sin embargo, señala que persisten desafíos estructurales que requieren atención urgente, tales como:
• El uso abusivo de la prisión preventiva, el hacinamiento y la corrupción penitenciaria.
• La institucionalización prolongada de niños, niñas y adolescentes sin políticas efectivas de reintegración familiar.
• La falta de servicios comunitarios de salud mental y atención a personas con consumo problemático de drogas, pese al nuevo marco normativo.
• La débil protección de personas adultas mayores institucionalizadas y la falta de fiscalización en hogares públicos y privados.
• El aislamiento prolongado en módulos de máxima seguridad, calificado como tortura según estándares internacionales.
• Las audiencias telemáticas en comisarías y las detenciones arbitrarias sin control judicial efectivo.
El MNP destaca además la situación de mujeres privadas de libertad, cuya población creció más de 400% en dos décadas, y que enfrentan altos niveles de prisión preventiva y condiciones sin perspectiva de género.
Entre sus recomendaciones al Estado paraguayo, el informe subraya la necesidad de:
• Reducir el uso de la prisión preventiva y eliminar el aislamiento prolongado.
• Fortalecer la justicia restaurativa y las medidas alternativas al encierro.
• Desarrollar políticas integrales con enfoque de género, niñez y discapacidad.
• Garantizar servicios comunitarios de salud mental y adicciones con enfoque de derechos humanos.
• Fortalecer la rectoría estatal y los mecanismos de supervisión en hogares de adultos mayores y centros alternativos para NNA.
• Reforzar la independencia, capacidad técnica y presupuesto del propio del MNP.
En sus conclusiones, el organismo advierte que superar las deudas estructurales identificadas requiere voluntad política sostenida, recursos adecuados y cooperación internacional, a fin de garantizar la implementación efectiva de las recomendaciones internacionales y el respeto pleno de los derechos humanos en Paraguay.
