El MNP expresa preocupación por propuestas legislativas regresivas y exhorta a reforzar el sistema de justicia penal juvenil con enfoque integral

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) manifiesta su solidaridad y comparte el dolor de la familia de la víctima de feminicidio, a quien el Estado debe responder con la debida diligencia en la investigación, sanción y reparación del hecho de violencia.

Expresamos nuestra preocupación ante expresiones públicas que plantean impulsar iniciativas legislativas que tienen como objetivo elevar las penas, aumentar las sanciones y reducir la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, así como incorporar la cadena perpetua y la pena de muerte.

Consideramos que estas iniciativas legislativas se contraponen a la Constitución Nacional y a los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen un modelo de justicia juvenil basado en la protección especial y el acompañamiento integral. La Constitución prohíbe penas crueles, inhumanas o degradantes (Art. 5°), y entre ellas se incluyen tanto la cadena perpetua como la pena de muerte, no permitidas para ninguna persona, sea adulta o adolescente.

Observamos que reducir la edad de imputabilidad penal o endurecer penas no es una respuesta efectiva frente a la criminalidad. Lejos de ser líderes del crimen organizado, muchos adolescentes son víctimas de captación y explotación por parte de estas estructuras. Responder con castigo agrava la exclusión y no aborda las causas estructurales.

El MNP insta a pensar en reformas integrales y estructurales, y no en políticas punitivistas que no abordan las causas profundas de la problemática. Reitera sus recomendaciones a los tres poderes del Estado de fortalecer las políticas públicas integrales de prevención, protección y justicia juvenil, garantizando la debida asistencia legal, apoyo psicosocial y alternativas a la privación de libertad.