
Con creciente preocupación observamos el apartamiento de las fuerzas de seguridad, en especial de la SENAD, de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de las armas de fuego, tal como se evidencia en el accionar de los agentes especiales de esta secretaría, dependiente del Poder Ejecutivo, en cuyo operativo dieron muerte a dos personas de la comunidad indígena Y’apo, en las proximidades de la misma, en el departamento de Canindeyú.
En atención a la gravedad de los hechos denunciados y a la información que ha tomado estado público, se insta a las autoridades competentes a garantizar que los procedimientos de intercepción y empleo de la fuerza letal cuenten con el debido control y dirección del Ministerio Público y con la autorización judicial pertinente, asegurando en todo momento el respeto de las garantías del debido proceso, la protección de la vida, la integridad personal y la transparencia.
En estas circunstancias, el MNP cree apropiado que la investigación fiscal sea llevada adelante por la Unidad Penal Especializada de Derechos Humanos, teniendo presente que se podría estar ante hechos que se apartan del principio de legalidad, necesario para la actuación de cualquier funcionario del Estado, y que podrían constituir además de tortura, ejecución arbitraria y crímenes especialmente graves.
Recordamos que la Constitución de la República atribuye a la Policía Nacional el mandato exclusivo de la preservación del orden público, la seguridad interna y la prevención de los delitos, por lo cual el MNP reitera la necesidad de revisar la legitimidad, la legalidad y proporcionalidad de las funciones de seguridad que se le otorgan a la SENAD sin ser una de las fuerzas públicas ordinarias del Estado.
Finalmente, el MNP insta a que los hechos graves que habrían ocurrido en el marco del operativo sean esclarecidos mediante una investigación independiente, objetiva y exhaustiva, que permita determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades, garantizando la protección de las personas afectadas, sus familias y la comunidad indígena Y’apo.
Comisión Nacional (CN) – Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP)