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En el marco del 26 DE JUNIO - DÍA INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN APOYO DE LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA, se realizó el PANEL “La prevención de la Tortura y la garantía de Derechos Humanos en contexto penitenciario a nivel local y regional”, el viernes 24 de junio, en el Museo de las Memorias. 

El panel fue organizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la Fundación Celestina Pérez de Almada, con el acompañamiento de la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH).

En la ocasión, se presentó el Anuario Estadístico de Personas Privadas de Libertad 2021 del MNP / Datos preliminares de la encuesta sobre actitudes ante la Tortura, a cargo de la comisionada Sonia Von Lepel y el comisionado José Carlos Rodríguez; y se socializó una mirada regional sobre la Garantía de los derechos de las personas privadas de libertad, con la intervención de Remo Carlotto, director ejecutivo del IPPDH. 

El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, evoca la fecha en que, en 1987, entró en vigencia la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El uso de la tortura está absolutamente prohibido por el derecho internacional, en todo momento y en cualquier circunstancia.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentó su Informe Anual de Gestión 2021 en Ciudad del Este, a fin de descentralizar la difusión de la labor institucional coadyuvando a ampliar el público destinatario tanto del ámbito gubernamental como de la sociedad civil, en los territorios geográficos donde se encuentran los establecimientos que forman parte de su ámbito de intervención, haciendo visible -especialmente- los datos relacionados con la zona. 

La capital del departamento del Alto Paraná es asiento de varias instituciones u organizaciones públicas y privadas que brindan servicio a personas en situación de encierro como hogares de niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, penitenciaría y centro educativo, comisarías policiales y establecimientos miliares.

El acto de presentación se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este, el martes 7 de junio, ante estudiantes y docentes así la participación de representantes de la sociedad civil.

Igualmente se desarrolló una agenda de reuniones con: 

• Gobernación de Alto Paraná. El comisionado José Antonio Galeano se reunió hoy con el gobernador Roberto González Vaesken. 

Uno de los temas abordados fue el traslado de la Penitenciaría Regional de CDE, que en la actualidad se encuentra en pleno centro de la ciudad.

• Municipalidad de Ciudad del Este. El comisionado José Antonio Galeano se reunió con el intendente Miguel Prieto.

Uno de los temas puntualizados fue lo concerniente al fortalecimiento del rol de la CODENI y del Área Social.

• Sexta Circunscripción Judicial del Alto Paraná. El comisionado José Antonio Galeano se reunió con la presidenta de dicha Circunscripción Judicial, Juana Berta Avalos; la vicepresidenta primera, Juliana Giménez Portillo; el vicepresidente segundo, Efrén Jiménez Vázquez; y el Juez Penal de Garantías, Amilcar Marecos. 

Entre los temas abordados: uso abusivo de la prisión preventiva e independencia de magistrados.   

• Ministerio de la Defensa Pública – Sede Alto Paraná. El comisionado José Antonio Galeano se reunió con el coordinador de defensores Rodrigo Cuevas Tapari. 

Tema abordado: la asistencia de los defensores públicos a las personas privadas de libertad.

Población de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este: 1414 personas privadas de libertad; se encuentran procesadas 1030 personas y condenadas, 384.

• Ministerio Público en Ciudad del Este. El comisionado José Antonio Galeano se reunió con la fiscala Claudelina Corvalán, fiscal delegada de Alto Paraná, y fiscal de la Unidad de Niñez y Adolescencia, y el fiscal Edgar Torales. Agente fiscal Unidad 6 Ordinario Penal. 

En el encuentro se coincidió en la necesidad de fortalecer el trabajo interinstitucional para abogar por la mejora del sistema penitenciario.

La actividad de difusión regional del Infoges 2021 es coordinada por el comisionado José Antonio Galeano junto al equipo técnico integrado por Natalia Ruiz Díaz, María Elisa Rivarola, Fernando Encina, con el apoyo logístico de Víctor Rocholl.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura releva datos dentro del sistema penitenciario para insumos de sus investigaciones y estadísticas institucionales: Encuesta de Actitud Ante la Tortura en penitenciarías y centros educativos, con personas privadas de libertad, por un lado y-por otro- con guardias y educadores; Anuario estadístico de personas privadas de libertad 2022 e Informe especial sobre situación en sectores de aislamiento. 

La actividad se desarrolló del 9 al 13 de mayo pasado con visitas a:

•  Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, incluyendo los sectores de varones y mujeres; y el Centro Educativo de Pedro Juan Caballero. 

•  Penitenciaría Regional de Concepción, incluyendo sectores de varones y mujeres; y el Centro Educativo de Concepción. 

•  Penitenciaría Regional de San Pedro, incluyendo sectores de varones y mujeres (no se cuenta con centro educativo en San Pedro). 

El objetivo es relevar información científica sobre la percepción de la tortura en centros educativos y penitenciarías, a través de la metodología de encuestas; obtener datos jurídicos y sociodemográficos actualizados al año 2022 sobre la población de personas privadas de libertad, por medio del relevamiento documental (bases de datos judiciales y sociodemográficos actualizadas del sector de judiciales de los establecimientos), así como información sobre las condiciones de detención en sectores de aislamiento en penitenciarías de personas adultas, utilizando la técnica de entrevistas a personas en confidencialidad. 

La actividad es coordinada por el comisionado José Carlos Rodríguez, acompañado por el director de Investigación Oscar Balbuena y el equipo técnico y logístico del MNP integrado por: Victor José Rocholl, Richard Dolgoruco, Guillermo Kunzle, María Alejandra Fernández y Beatriz Fleitas.  

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) tomó conocimiento de la nota de una paciente del Hospital Psiquiátrico que relata hechos de abuso sexual ocurridos durante sus distintas internaciones, redactada en el marco de la terapia que la misma desarrolla en la institución. El MNP intervino urgiendo que se proceda a la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y el debido resguardo y protección de la paciente. 

En la nota, la paciente refiere haber sido testigo de hechos de abuso sexual cometido por un personal de enfermería en contra de una persona internada, y señala además que la propia denunciante mantuvo relaciones con un enfermero, encargado de su cuidado. También expresa que las pacientes son golpeadas permanentemente por los enfermeros, muchas veces sin razón, y que los mismos ingresan a los baños de las mujeres cuando las mismas se encuentran en la ducha.

La nota de referencia fue entregada por la paciente en fecha 12 de mayo a su psicóloga tratante, quien informó sobre la misma -el 13 de mayo- a la directora médica, Lilian Ovelar, y a la jefa del Departamento de Internaciones, Carol Maggi. En fecha 18 de mayo, el MNP recibe la información sobre el mismo. 

El comisionado del MNP, Orlando Castillo, se comunicó con el director del hospital, Víctor Adorno, quien relató las acciones de su dirección para el resguardo de la paciente como el traslado de sala. Refirió que fue convocada una junta médica que evaluó a la paciente, el 16 de mayo, junta que resultó no ser independiente de la institución.

Hasta el momento de la intervención del MNP, la dirección de la institución no comunicó el hecho a la Fiscalía; lo hace tres horas después de que el MNP señale la obligación de la denuncia, a través de una conversación telefónica mantenida por el comisionado Castillo. El caso se encuentra en la Fiscalía Barrial N° 9, a cargo de la Fiscal Andrea Vera, quien ya dispuso varias diligencias.

Desde el MNP se reitera la obligación de las autoridades de instituciones públicas de denunciar de manera inmediata los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, hechos que tanto en el caso de la persona privada de libertad del penal Casa del Buen Pastor y la paciente del Hospital Psiquiátrico fueron obviados por las autoridades. 

Las personas que se encuentran en situación de encierro e institucionalizadas, en hospitales, penitenciarías, centros educativos, comisarías, hogares de niños y niñas y adultos mayores, se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos y deben ser protegidas, para lo cual los directivos de las instituciones tienen la obligación de dar intervención al Ministerio Público, so pena de incurrir en responsabilidad penal, según lo establecido en el Código Penal.