En el marco de la conmemoración del 26 DE JUNIO - DÍA INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN APOYO DE LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA, se llevó a cabo el PANEL “Garantías del Estado en la prevención de la Tortura”, el miércoles 26, en el Museo de las Memorias - Dictadura y Derechos Humanos.
Este encuentro fue organizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la Fundación Celestina Pérez de Almada, la Mesa Memoria Histórica, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y la Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
En la oportunidad se debatió sobre la actuación del Estado paraguayo en la prevención de la Tortura desde una perspectiva histórica y actual. Asimismo se socializó el mensaje de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, evoca la fecha en que, en 1987, entró en vigencia la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El uso de la tortura está absolutamente prohibido por el derecho internacional, en todo momento y en cualquier circunstancia.
Para el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), el hacimiento de la población penitenciaria es una realidad, un problema que requiere urgentes medidas estructurales interinstitucionales para erradicar la situación de violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Paraguay.
Esta situación debe ser analizada a la luz de lo que viene ocurriendo en los últimos 19 años. En el período 2000 - 2019 se produjo un exponencial crecimiento de la población penitenciaria, de 3.219 a 15.740 personas privadas de libertad.
Déficit actual: 11.430 plazas aproximadamente, supone la construcción de al menos 23 penitenciarías de 500 plazas cada uno, inversión fiscalmente inviable, políticamente indeseable, que se encuentra fuera del campo de cualquier agenda de prioridades públicas.
Alrededor de mil nuevas personas privadas de libertad engrosan la población penitenciaria cada año. La tasa d personas privadas d libertad por 100.000 habitantes en 2000 era de 61 y en 2019 llega a 225 por 100.000 habitantes.
Las principales preocupaciones son los problemas estructurales del sistema como la falta de acceso al agua potable, a la salud, a un alojamiento adecuado, a la educación y al trabajo; la corrupción dentro del sistema y la emergencia de grupos criminales.
La construcción de nueva infraestructura penitenciaria traducida en cárceles no es una medida pertinente y adecuada para enfrentar el problema de fondo, como ya señalaran los organismos internacionales de derechos humanos.
Ante este cuadro de superpoblación penitenciaria, el MNP identificó como problemas centrales el abuso de la prisión preventiva, la morosidad judicial, el endurecimiento del derecho procesal penal y la falta de una política de prevención de delitos.
El MNP inició un diálogo constructivo con las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y el Poder Legislativo para abordar los problemas centrales en busca de políticas públicas para la garantía plena de los derechos humanos en el sistema penitenciario paraguayo.
Ante los hechos ocurridos el fin de semana pasado en la Penitenciaría Regional de San Pedro y la Penitenciaría Nacional de Tacumbú con el desenlace de 10 personas privadas de libertad fallecidas y varias heridas; el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) urge avanzar en su propuesta de realización de la Cumbre de Poderes para abordar la problemática cuya magnitud ha modificado profundamente todo el sistema.
En los meses de abril y mayo de 2019, los y las comisionados/as del MNP se reunieron con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, y el titular del Congreso, Silvio Ovelar, a fin de expresar la preocupación institucional con relación a la crisis del sistema penitenciario y la necesidad de aunar esfuerzos entre las instancias del Estado paraguayo para brindar una respuesta integral.
El MNP socializó con las altas autoridades los resultados del monitoreo dentro del sistema penitenciario e investigaciones que dan cuenta de los problemas que deben ser atendidos. Propuso trabajar de manera coordinada generando espacios de análisis y definición de políticas interinstitucionales para abordar el fondo de la situación, resultado de otros aspectos como el abuso de la prisión preventiva, la morosidad judicial, carencia de políticas preventivas con relación a la comisión de delitos, entre otros.
Para el MNP la situación de emergencia penitenciaria se arrastra desde hace varios años por lo que su abordaje requiere mirar más allá de la construcción de nuevas cárceles como respuesta inmediata y la solución no depende sólo del poder Ejecutivo sino de una acción interinstitucional donde intervengan los actores políticos de los poderes del Estado.
Las principales preocupaciones son los problemas estructurales del sistema (falta de acceso al agua potable, a la salud, a alojamiento adecuado, a la educación y al trabajo), la corrupción dentro del sistema y la emergencia de grupos criminales. Si bien es entendible que luego de episodios tan trágicos como los vividos el último fin de semana, afloren ideas casi como recetas mágicas (otorgar la custodia de las penitenciarías a militares, traslado de personas condenadas a sitios geográficos aislados de nuestro país), para el MNP estas alternativas no serían viables y podrían profundizar el tenso ambiente de las cárceles, produciendo innecesarios nuevos conflictos cuando no vulneración directa de derechos de las personas privadas de libertad.
Nos encontramos ante un momento crucial en la definición de acciones y toma de decisiones políticas para dar respuestas a la población penitenciaria que hoy desborda la capacidad de nuestras cárceles: en 2018, aumentó en 949 personas; en lo que va del año 2019, en 1100 personas; aproximadamente el número de personas privadas de libertad crece en 1280 personas en promedio, anualmente.
Tras los lamentables sucesos citados más arriba, el equipo del MNP realizó el seguimiento correspondiente en ambos casos y elevará los informes respectivos como parte de la documentación disponible. Si bien se han mantenido sucesivas reuniones para coordinar una agenda interinstitucional con miras a esta cumbre, hoy la crisis demanda que el tema sea prioridad en las instancias del Estado involucradas.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay (MNP) lamenta la medida tomada por el Poder Ejecutivo Federal de la República Federativa del Brasil de extinguir los cargos de los integrantes del Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) de Brasil, lo cual lo hace inoperativo.
El trabajo del MNPCT del Brasil ha sido reconocido como uno que ha ayudado a prevenir y combatir la tortura no sólo a lo largo de todo el territorio brasileño, sino también a nivel internacional.
Al MNP Paraguay le consta el alto nivel y compromiso de sus integrantes y cómo ha hecho su trabajo con un excelente desempeño, a pesar de las dificultades que tuvo en su institucionalización. Además ha contribuido en conjunto con otros actores jurídicos en varios estados del Brasil con acciones de prevención y concientización para combatir la tortura y capacitar en la materia.
Sus acciones en forma continua han cumplido con el compromiso internacional que ha hecho el Brasil al ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de la ONU, haciendo valer su naturaleza independiente y autónoma, que con esta medida se extinguen.
La medida tomada atenta contra la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, los compromisos de los Estados para la protección de los derechos humanos y la prohibición absoluta de la tortura reconocida como norma imperativa de derecho internacional (ius cogens).
El MNP Paraguay, como órgano oficial del país que tiene a su cargo las funciones de prevención y combate a la tortura en el país, haciendo parte a la vez del sistema internacional de prevención de la tortura de la ONU, insta a la República Federativa del Brasil a revertir la medida que anuló la institución fraterna, tan necesaria en nuestros países y que combate una de las violaciones de derechos humanos más graves en Latinoamérica.
