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MNP considera un importante avance la aprobación de protocolos de procedimiento policial con niños, niñas y adolescentes

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) considera un paso significativo hacia la garantía de derechos la aprobación de protocolos de procedimiento policial con niños, niñas y adolescentes. Tras la firma de los mismos, se iniciará un plan de difusión y capacitación sobre la ruta de actuación con este sector con énfasis en las vías de coordinación con las demás instituciones con competencia.

La Comandancia de la Policía Nacional aprobó el viernes 21 de julio tres protocolos que afectan a un sector que requiere protección especial: la niñez y la adolescencia. En ese marco fueron aprobados los siguientes instructivos:

- Protocolo de intervención policial con personas adolescentes entre 14 y 17 años de edad en transgresión a la ley penal.

- Protocolo de protección policial con niños, niñas y adolescente.

- Protocolo de intervención policial que establece el procedimiento a seguir en casos de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

El diseño de los mismos fue promovido por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el marco de un trabajo interinstitucional del cual participaron la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, la Fiscalía Penal de la Adolescencia de Lambaré, la Fiscalía Adjunta en Derechos Humanos y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, así como el Juzgado Penal de la Adolescencia de la Capital y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio del Interior, bajo la coordinación del Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional con el apoyo de la Comisión Permanente de Estudios de Leyes y Reglamentos (COPELER), los Departamentos Jurídico, Identificaciones, Anti Trata de Personas y Comunicaciones.

“Los instructivos son el resultado de una serie de mesas de diálogo con diferentes instancias, se apuntó hacia productos concretos que permitan respuestas efectivas ante la situación que afecta a los niños, niñas y adolescentes; de tal forma a que las rutas de intervención establecidas en los protocolos de cada institución sean aplicables y repercutan en una mejor coordinación y por ende protección de la niñez”, sostiene Diana Vargas, comisionada del MNP.

El MNP ha detectado que quienes se hallan más expuestos o en situación de vulnerabilidad específicamente en las Comisarías, son los niños, niñas y adolescentes, observando así que existen serios problemas de coordinación y de asunción de responsabilidades de parte de cada uno de los actores institucionales que deben intervenir dentro del sistema nacional de protección.

Igualmente, el MNP ha detectado que las prácticas policiales y fiscales con niños, niñas y adolescentes desaparecidos y en situación de vulnerabilidad, sumadas a las debilidades en la coordinación interinstitucional, constituyen factores de riesgo para los tratos crueles o degradantes hacia niños y niñas que reciben el mismo tratamiento que personas con orden de captura en cumplimiento de las denominadas órdenes de búsqueda y locación ante la figura de “fuga de hogar”, quienes terminan permaneciendo durante varias horas o días en sede policial.

El MNP observa auspiciosa la aprobación de estos protocolos, como resultado de un diálogo interinstitucional constructivo. 

Para mayor información, contactar con la comisionada Diana Vargas, 0985221112

 

Paraguay, cuarto país del mundo con mayor proporción de presos sin condena

El Instituto de Investigación en Política Criminal de la Universidad de Londres ubica a Paraguay en la cuarta posición a nivel mundial y primero en América Latina en proporción de presos sin condena. Para el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) este indicador constituye una señal de alarma sobre uso abusivo de la presión preventiva

Según la última edición (2017) de la publicación de esta entidad académica de referencia internacional en estudios sobre población privada de libertad en el mundo, el país ascendió del décimo lugar, de acuerdo al anterior informe del año 2012, al cuarto lugar; pasó de una tasa de 72,5% a 78% de personas privadas de libertad sin condena.

Al respecto, el MNP ha recomendado a las autoridades paraguayas en diversas oportunidades, la adopción de medidas que ayudarían a reducir el uso abusivo de la prisión preventiva.

Compartimos este material informativo respecto al tema con mayores datos sobre las recomendaciones del MNP.

 

Mayor información:

Comisionada Stella Maris Cacace, presidenta del MNP - Teléfono: 207-052/4

 

Preponderante presencia represiva del Estado en la vida de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal

Adolescente privado de libertad - Foto Santiago Carneri

Un Estado que no garantiza derechos sino que castiga a las personas que no pueden acceder a ellos; escasez de políticas dirigidas a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y la coronación de las exclusiones con la privación de libertad, son las conclusiones que arroja una investigación realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay – CONACYT.

ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL - Políticas sociales vs. Políticas punitivas, se denomina la investigación desarrollada de enero a diciembre de 2016 por Alejandra Estigarribia (investigadora principal) y Alejandra Torrents (investigadora adjunta), con el apoyo de los comisionados del MNP Dante Leguizamón y Diana Vargas y bajo la coordinación del equipo de la Dirección de Investigación del MNP, integrado por José Galeano y Oscar Balbuena.  

Este estudio tuvo por objetivo analizar riesgos y vulnerabilidades, entornos sociales, trayectorias y proyecciones de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, para una compresión más profunda de la problemática y proveer información para el diseño de políticas públicas más adecuadas a esta población.

Sus resultados fueron la sistematización de los planes y programas del Estado dirigidos a los adolescentes y jóvenes; y las historias de vida de diez personas (cuatro mujeres y seis varones), de 17 a 24 años, que se hallan privadas de libertad en el Centro Educativo de Itauguá, en el Centro Educativo La Esperanza, en el Centro Educativo Virgen de Fátima, en el Penal de Tacumbu y en el Penal del Buen Pastor. 

ENTORNO FAMILIAR

“Los entornos familiares en los cuales crecieron las personas no son entornos propicios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes”, refiere la investigadora Alejandra Estigarribia.  

Una de las doce categorías de análisis de la investigación es Entorno Familiar y arrojó que: todas las personas entrevistadas tuvieron condiciones socioeconómicas adversas (trabajos precarios y en algunos casos de alto riesgo como por ejemplo el microtráfico); la mitad vivía en viviendas precarias; varias debieron iniciar sus actividades de producción de ingreso a temprana edad por falta de recursos familiares; la mitad vivió situaciones de violencia intrafamiliar (la agresión dirigida del padre hacia madre), y la violencia afectó de manera directa a cuatro de las personas entrevistadas; nueve de ellas reportaron entorno de consumo problemático de drogas y alcohol por parte del padre y/o la madre, hermanos y tíos; seis de las personas tienen familiares directos que al momento de la entrevista se encontraban privados de libertad.  

EDUCACIÓN 

“El acceso a la educación no es un problema sino la permanencia”, sostiene Estigarribia. 

Otra de las categorías de análisis es la de Educación, donde emerge que: todas las personas tuvieron acceso a la educación formal, casi ninguna llegó al curso que se corresponde con su edad, sólo dos llegaron a completar la educación obligatoria (noveno grado) antes de la privación de libertad; el promedio de años de estudios de las personas entrevistadas es de seis (no alcanzan los requeridos obligatoriamente). En todos los casos la educación se dio en combinación con actividades de producción de ingresos, con consumo de drogas y con escasea de recursos en el hogar familiar; siete de las diez personas están estudiando en el lugar de privación de libertad donde la calidad de la educación es precaria e insuficiente. 

“A la mañana nos íbamos a vender remedio. Nos íbamos a las 7 de la mañana y a las 12:30 por ahí ya veníamos. Después nos íbamos a la escuela hasta las 3 nomás. Siempre llevábamos un justificativo para retirarnos después del recreo”. Persona entrevistada. 

PRODUCCIÓN DE INGRESOS

“Hablamos de producción de ingresos y no de trabajo porque muchas de las actividades que estas personas realizan para su sobrevivencia diaria son actividades que están tipificadas como hechos punibles”, explica la investigadora. 

En todos los casos el inicio de actividades de producción de ingresos se dio a temprana edad, siendo el promedio de 9,5 años; la mayoría de las personas se inició con trabajos informales y luego los combinaron con microtráfico, robos o hurtos. El motivo principal para el inicio de actividades de producción de ingresos tiene que ver con la necesidad del propio sostenimiento y por la escasez de recursos en el hogar; estas actividades se dieron en la mayoría de los casos en contexto de desprotección; y más de la mitad de las personas trabajaron en contexto de calle, lo que implica una exposición a diversos peligros, por ende de alto riesgo. 

 “Yo decidí salir porque mi mamá se sentaba a llorar, que no podía más y que quería que nosotras estudiáramos; entonces le dije yo una vez a mi hermana, jaha ñande la ñande poha Sanlorenzope, jaha he´i [vamos con nuestro remedio a San Lorenzo], ‘jaha’ he´i [vamos me dijo]. Prácticamente nosotros (con mi hermana) le manteníamos a nuestros hermanitos. Nosotros luchamos por ellos porque mi papá siempre tomaba, fumaba”. Persona entrevistada.

DROGAS 

“Crack es la droga más consumida, es la más barata y la más dañina en el sentido de la dependencia que genera y los daños a la salud que acarrea”, puntualiza Estigarribia. 

La mayoría de las personas entrevistadas consumen o consumieron drogas de forma problemática y en todos los casos el inicio fue a temprana edad, entre los 9 a 14 años; los motivos de inicio del consumo: problemas familiares, el hecho de ser víctimas de agresiones y la influencia de otras personas; el abanico de drogas consumidas es amplio. 

CONTACTO CON LAS FUERZAS REPRESIVAS DEL ESTADO

“Normalmente se habla de una ausencia del Estado en su faceta de garante de derechos, de ejecutor de políticas públicas; sin embargo está muy presente en su faceta represiva”, señala la investigadora. 

El segundo mayor contacto con el Estado (la primera es la educación formal) de las personas entrevistadas se da a través de las fuerzas represivas (conjunto de instituciones que tienen la capacidad de ejercer coerción sobre la población como lo son las instituciones policiales y militares); son las que más presente han estado en la vida de las personas entrevistadas y este contacto se da con distintas dependencias, de distintas formas y en distintos momentos, pero el factor común es la violencia: en el momento de la aprehensión, durante la detención, en lugares de privación de libertad; los tipo de violencia: física, psicológica, sexual y extorsión. 

“Empecé a esperar (en la Comisaría esperaba su derivación al CEI) y todas las noches nos jugaban los policías”. Persona entrevistada.

Estos son algunos de los resultados del estudio cuyo resumen se halla disponible en el sitio web www.mnp.gov.py en investigación social/resúmenes. La versión completa se halla en cierre de edición.  

 

Texto de Natalia Ruiz Díaz 

Foto de Santiago Carneri

Epígrafe: Adolescente privado de libertad 

 

 

Para mayor información: 

Dante Leguizamón, comisionado del MNP – Cel. 0981555430 

Natalia Ruiz Díaz Medina, directora de Comunicación del MNP - Cel. 0983346371

MNP presentó resultados de investigaciones realizadas en sus ámbitos de intervención

 

En el marco de la conmemoración del 26 DE JUNIO - DÍA INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó los resultados de cuatro investigaciones realizadas en diferentes ámbitos de intervención, con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay - CONACYT. El acto se llevó a cabo en el local CEPADIS, con la participación de representantes de instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil. 

“Se conmemora a las víctimas de la tortura, que muchos creímos que se había ido con la dictadura, sin embargo hoy se sigue maltratando, torturando, brindando tratos inhumanos y crueles a personas que se encuentran en situación de custodia y cuidados supuestamente por el Estado; no se están garantizando los derechos”, sostuvo la comisionada Stella Maris Cacace, presidenta del MNP. 

A continuación las investigaciones que fueron presentadas en fecha: 

- ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL - Políticas sociales vs. Políticas punitivas, realizado por la investigadora Alejandra Estigarribia, la asistencia de Alejandra Torrents, con el apoyo de los comisionados del MNP Dante Leguizamón y Diana Vargas.

- INSTITUCIONALIZACIÓN EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ASUNCIÓN - Legislación, derechos humanos y su relación con la calidad de vida, desarrollada por la investigadora Claudia Pacheco, la asistencia de Javier Mendoza y el apoyo de los comisionados Carlos Portillo, Stella Cacace y Soledad Villagra.

- DERECHO A LA SALUD EN ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL MNP - ¿Garantía o Vulneración?, elaborada por los investigadores María Gloria Montórfano y Milciades Corrales y el apoyo de los comisionados Dante Leguizamón y Soledad Villagra.

- PERSONAS ADULTAS INSTITUCIONALIZADAS - Calidad de vida y vulneración de derechos humanos, llevada a cabo por la investigadora Gladys Arzamendia, la asistencia de Cenit Imaz y el apoyo de la comisionada Stella Maris Cacace.

Los resúmenes de las investigaciones ya se hallan alojados en el sitio web del MNP y en breve serán socializadas las publicaciones en su versión final, por este mismo medio. 

El MNP fue creado por la Ley 4288/2011, conforme al mandato del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, para prevenir prácticas de tortura y proteger a las personas privadas de su libertad o en situación de encierro que pudieran sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Para acceder a las resúmenes: http://www.mnp.gov.py/index.php/investigacion-social/2015-08-23-04-11-06  

 

Para mayor información: 

Comisionada Stella Cacace, Tel. 207-053 - Comunicación MNP: 0983346371  

 

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