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MNP recomienda control exhaustivo de los servicios de los centros de rehabilitación de consumo de drogas

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) promueve analizar la situación de los servicios que brindan los centros de rehabilitación y tratamiento por consumo de drogas y las normativas que regulan su funcionamiento. Para el efecto, este lunes 24 de octubre se llevó a cabo un encuentro de los comisionados del MNP Diana Vargas y Carlos Portillo con los representantes de las direcciones involucradas en la temática del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, así como referentes en salud mental de la sociedad civil.
En la oportunidad, el MNP socializó el informe del monitoreo del Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Consumo de Drogas “Transformado Vidas” de Capiatá, coordinado por los comisionados Diana Vargas y Carlos Portillo, en el cual se identificaron una serie de factores de riesgos que predisponen a la tortura y los malos tratos de los y las usuarios del referido servicio privado.
Dicho monitoreo contó con la participación de dos escabinos: Agustín Barúa y Garan Hobbelink, médico siquiatra y psicólogo, respectivamente; así mismo, el MNP solicitó la colaboración del Ministerio de Salud, por medio del Centro Nacional de Control de Adicciones, el cual conformó un equipo que participó de todo el proceso de monitoreo, integrado por los doctores Manuel Fresco, Daniel Cantero y el abogado José Ocampos.
Entre las recomendaciones del MNP figura la elaboración de una política nacional sobre el uso de sustancias con enfoque de salud pública, fortalecer la red de Atención Primaria de la Salud (APS) debido a que la responsabilidad sanitaria de las Unidades de Salud de la Familia (USF) posibilita la detección precoz de los problemas vinculados al uso de drogas y el desarrollo de actividades para disminuir los factores de riesgo, individuales y colectivos, del uso de sustancias adictivas.
La línea de trabajo del MNP tiene que ver con el enfoque de prevención de la tortura donde el monitoreo y toda acción que se realiza desde la institución, busca detectar aquellos factores de riesgo o factores propicios para que ocurran malos tratos o torturas.
“Hacemos una observación exhaustiva de cómo las distintas dependencias del Estado están cumpliendo su labor de control para la habilitación o funcionamiento, porque justamente esos son factores de riesgo; cuando hay vacíos de control o poder, éstos son aprovechados, es lo que ocurre en Transformando Vidas como con otros centros de esta naturaleza que están funcionamiento sin ningún tipo de control”, explica la comisionada Vargas.
En noviembre de 2015, bajo régimen de confidencialidad, el MNP recibió una serie de testimonios de adolescentes que habían estado en el citado centro de rehabilitación, denuncia que motivó el monitoreo correspondiente.

Puede acceder al informen en http://www.mnp.gov.py/index.php/repository/informes-de-monitoreo-y-seguimiento/lugares-de-internacion/Lugares-de-internaci%C3%B3n/Informe-de-Monitoreo-Centro-de-Rehabilitaci%C3%B3n-Transformando-Vidas/


Para mayor información, contactar con la comisionada Diana Vargas, 0985221112

MNP expuso al JEM necesidad de mayor control de jueces en aplicación de prisión preventiva

Los comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Soledad Villagra y Dante Leguizamón, se reunieron con el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), senador Oscar González Daher, a los efectos de establecer líneas de trabajo entre ambos organismos del Estado.

En la reciente audiencia, el MNP resaltó la necesidad de ejercer efectivos controles sobre los jueces en la aplicación de la prisión preventiva y así también que se respete la independencia judicial a la hora de la aplicación de ley por parte de los jueces. 

Preocupa al MNP que el hacinamiento de las cárceles no ayuda a dar mayor seguridad, y que se usa como depósito para personas que deberían ser atendidas diferentemente: adictos, personas con trastornos mentales, parapléjicos, delitos bagatelarios.

La inquietud del MNP como organismo del Estado es que aun cuando la normativa vigente proclama que la regla es la presunción de inocencia, algunos jueces teman dar libertades aunque corresponda legalmente, y que Paraguay esté considerado como uno de los países de América con mayor tasa de personas en prisión preventiva. En este sentido, que la prisión preventiva sea aplicada sin fundamentos, fuera del límite del plazo legal, sin ser necesaria para los fines cautelares que la justifiquen, sin control efectivo jurisdiccional, y sin respetar lo establecido constitucionalmente y por recomendaciones internacionales.

El MNP tiene datos de que el abuso de la prisión preventiva produce corrupción, imposibilidad de acceso a la justicia, abusos sexuales, violación de derechos a la alimentación, la salud, la intimidad, la seguridad, tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso tortura, violaciones de derechos y hechos punibles  mucho mayores de los que se pretenden castigar.

 

MNP expuso a la Corte Suprema de Justicia la necesidad de reducir abuso de la prisión preventiva

Los comisionados y comisionadas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Soledad Villagra, Stella Cacace, Dante Leguizamón y Roque Orrego, se reunieron este martes 11 de octubre con el pleno de la Corte Suprema de Justicia, a fin de exponer sobre las metas a ser trabajadas en forma articulada entre ambas instituciones para la prevención de la tortura y malos tratos de personas privadas de su libertad o en situación de encierro. En este sentido, el MNP resaltó la necesidad de reducir el abuso de la prisión preventiva que produce la sobrepoblación crítica. 

En el encuentro realizado en la sede del Palacio de Justicia del Poder Judicial, el MNP expuso las cifras de la superpoblación que hoy presenta el sistema penitenciario nacional.

Entre las medidas a trabajar de manera conjunta, el MNP propuso establecer un programa de depuración de causas de prisiones innecesarias, infundadas o excesivas; promover la capacitación en medidas cautelares y protección de garantías penales y procesales; así como implementar un programa de control de presencia de jueces en audiencias.

También aplicar el control de convencionalidad para tutelar la excepcionalidad de la prisión preventiva. En el mismo orden, con relación a la aplicación del Código de Ejecución Penal el MNP propone la disposición de oficinas de Juzgados de Ejecución Penal en las Penitenciarías, así como el control de los mismos sobre las condiciones de prisión.

   

Cifras del sistema penitenciario

En 2016, la población privada de libertad es de 13.118; población adulta privada de libertad: 12.856, de los cuales el 23% de los varones (2.794 personas) y el 42% de las mujeres (370) tienen condena; del total de la población adolescente privada de libertad, el 5% tiene condena. Del total de la población adulta privada de libertad, 6.213 personas no tiene lugar en el sistema penitenciario; 1.500 personas por año entran sin contar con espacio; el 98% de las personas privadas de libertad se encuentra en sobrepoblación crítica. 

El Mecanismo de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP), creado por Ley Nº 4.288/11, tiene el fin de prevenir prácticas o situaciones que puedan ser propicias, faciliten o puedan derivar en torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia personas privadas de libertad o en situación de encierro o custodia.  

 

Para mayor información, contactar con la comisionada del MNP, Soledad Villagra  Tel.: +595 21 207053 / 4 Cel.: 0982447173

 

Imagen: Cortesía Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia 

Mesa de diálogo sobre la situación de la niñez institucionalizada

El MNP promovió una jornada de trabajo con el Ministerio Público con relación a las funciones de la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia y la necesaria coordinación con los demás operadores del sistema de protección. Igualmente, se abordaron temas relativos a las unidades especializadas de Alto Paraná, considerando que en los hallazgos del monitoreo a entidades de abrigo de niños y niñas en el Este del país (desarrollado por el MNP), se relevaron debilidades que afectan la efectiva protección y sobre todo la excepcionalidad y transitoriedad de la medida de abrigo.  

Participaron de la reunión, en representación del Ministerio Público: Patricia Rivarola, fiscala adjunta en lo tutelar; Alejo Vera, fiscal adjunto de Alto Paraná; Monalisa Muñoz, fiscala de niñez y adolescencia de capital; Clara Rolón, directora de Derechos Humanos del Ministerio Público. Por parte del MNP, la comisionada Diana Vargas y la directora de Educación y Participación Ciudadana, María Elena Verdún.  

El 28 de octubre próximo se realizará la III Mesa de Diálogo sobre la Niñez Institucionalizada en Ciudad del Este, en coordinación con los actores locales.

Las cifras de Alto Paraná:

226 niñas, niños y adolescentes institucionalizados – Sólo el 20 % cuenta con orden judicial de abrigo.

5 hogares de abrigo. 

5 niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar (1 de ellos con discapacidad)

 

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