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Realizan talleres de formación para el registro de hechos de tortura en los primeros momentos de la detención

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) inicia una serie de talleres de capacitación, en el marco de un programa de formación y entrenamiento en competencias para identificar y registrar la tortura, y para entrevistar a víctimas conforme al Protocolo de Estambul y normas internacionales de derechos humanos, iniciativa conjunta con el Ministerio de la Defensa Pública (MDP). 

Este miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 se desarrollan los encuentros de formación en Ciudad del Este. El equipo del MNP está coordinado por la comisionada Soledad Villagra e integrado por el asesor jurídico, Hugo Valiente, la directora de Educación y Participación Ciudadana, María Elena Verdún, y el jefe del Departamento de Servicios Generales, Víctor Rocholl.

En estos encuentros formación se utilizará una guía de formación de formadores/as para la identificación y registro de hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que está elaborada desde una estratégica pedagógica adecuada para la formación de adultos/as y con una metodología que busca tanto la incorporación de nuevos conocimientos como el desarrollo de actitudes positivas, a partir de la aplicación práctica de situaciones que pueden presentarse en el primer momento de la detención.

La detención policial es un momento crítico en la ruta de riesgo de la tortura. Ese periodo en el que la intervención policial preliminar se produce sin control judicial inmediato constituye un punto ciego para el control institucional civil sobre la fuerza policial. De acuerdo a datos del informe de gestión del 2016 del MNP de la República del Paraguay, el 51% de las personas privadas de libertad entrevistadas bajo confidencialidad señalaron que fueron torturadas o víctimas de malos tratos por parte de la Policía durante su detención.

Según el censo de mujeres privadas de libertad del MNP (2016), el 35,3% manifestó haber sido víctima de tortura y/o malos tratos al momento de ser detenida, ya sea física, psicológica o sexual. De acuerdo al Censo de adolescentes en centros educativos del Paraguay (Abriendo puertas al encierro, MNP/CDIA, 2015), el 63,5% alegó haber sido víctima de tortura o malos tratos durante la detención. Esto da cuenta de un volumen de casos de tortura donde no se identifican elementos centrales como recomienda el SPT, a saber: identidad del victimario, circunstancias y resultados de las investigaciones.

Para enfrentar este riesgo son fundamentales ciertas salvaguardias, entre las que destaca el derecho a acceder a un/a abogado/a desde el primer momento de la detención. Para las personas de escasos recursos resulta fundamental la disponibilidad de un servicio de defensa gratuita pública. Es clave que los/as defensores/as estén debidamente entrenados/as para identificar la tortura y entrevistar a víctimas conforme a métodos tales como los establecidos en el Protocolo de Estambul y técnicas de rapport, a la vez que cuenten con herramientas que permitan registrar y procesar las denuncias y mejorar los niveles de colaboración/comunicación con distintos operadores judiciales.

El programa de formación cuenta con el respaldo del Fondo Especial OPCAT, implementado a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas/UNFPA.

Paralelamente se trabajará en el diseño y puesta en funcionamiento de un directorio de funcionarios/as con capacitación certificados/as, a quienes recurrir en caso de denuncias de posibles hechos de tortura o malos tratos en el primer momento de la detención. 

El MNP viene apoyando al MDP en diferentes iniciativas para el registro de hechos de tortura y malos tratos en el primer momento de la detención, enmarcadas en el cumplimiento de recomendaciones nacionales e internacionales sobre la urgente atención que deben recibir las personas privadas de libertad.

 

MAYOR INFORMACIÓN: Comisionada Soledad Villagra, 0982447173

 

 

MNP y SENAC se unen para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la Secretaría Nacional Anticorrupción de la Presidencia de la República del Paraguay (SENAC) acordaron una cooperación interinstitucional para la implementación paulatina, ordenada y eficaz de las recomendaciones y medidas necesarias para alcanzar la transparencia en la gestión pública, la integridad de las servidora y servidor público, la prevención y la detección de supuestos hechos punibles de corrupción.  

La firma del convenio estuvo a cargo del Presidente del Turno del MNP, comisionado Dante Leguizamón, y el Ministro Secretario  Ejecutivo de la SENAC, Rene Fernández. 

Esta cooperación interinstitucional apunta además a fortalecer los mecanismos para la participación ciudadana y realizar capacitaciones para las y los integrantes del MNP sobre temas vinculados con la prevención y lucha contra la corrupción en las instituciones públicas.

 

Datos relevantes del anuario estadístico de las personas privadas de libertad 2019

 

 El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó avances de los hallazgos del Anuario estadístico de personas privadas de libertad en la República del Paraguay 2019, con información actualizada e integrada sobre la población en los 27 establecimientos penitenciarios y centros educativos de la República del Paraguay. 

Las principales dificultades observadas fueron que la información en los centros penitenciarios o educativos no está estandarizada, no está actualizada o no está completa, existe un importante subregistro. 

A marzo del 2019, momento de cierre de la compilación de la información para la construcción de la base de datos del Anuario, de acuerdo al parte diario del Ministerio de Justicia, 15.773 personas se encontraban privadas de libertad: 14.854 en cárceles de hombres (76% en prisión preventiva) y de mujeres, 919 (64% en prisión preventiva); y 283 en centros educativos para adolescentes (hombres y mujeres) en privación de libertad. Total de adolescentes, 283: hombres 269 (86% en prisión preventiva), y mujeres, 14 (solo una (1) estaba condenada del total). 

El relevamiento da cuenta de una población adolescente (14-17 años) de 232, comprendiendo el 1,6% (en 2018, 1,3%); joven (18-29 años) de 7.085, comprendiendo el 48,2% (2018, 48,5%); adulto joven (30-45 años) de 5.513, siendo el 37,7% (2018, 37,3%); adulto (46-65 años) de 1.690, comprendiendo el 11,6% (2018, 12,7%); y persona mayor (+65 años) de 88, 0,6% (2018, 0,6%).

Hechos punibles por los que las estas personas están privadas de libertad

Los hechos punibles contra los bienes de las personas representan el 43%; hechos punibles contra las personas, 26%; hechos punibles violatorios de la Ley 1340 o Ley de Drogas, 17,5%; y hechos punibles contra la convivencia entre las personas, 10%. 

En cuanto al sexo de las personas privadas de libertad: el 45% de estas personas son mujeres detenidas por violar la Ley 1340 o Ley de Drogas; el 45% de los hombres está detenido por el hecho punible contra los bienes de las personas; y el 16% de los hombres por la Ley de Drogas. Con relación a los hechos punibles contra las personas tenemos el 27 y 17 por ciento, respectivamente. 

El 40% de los hechos punibles, los homicidios, son cometidos por personas mayores de 45 años, en cambio, en lo que respecta a los hechos punibles contra los bienes de las personas, el mayor porcentaje corresponde a las personas menores de 30 años. Igual ocurre con los hechos punibles que violan la Ley 1340 o Ley de Drogas, la mayoría de estos hechos involucran a personas adultas.  

Entre los hechos punibles más frecuentes figuran: homicidio doloso, 14%; el abuso sexual contra niños y niñas, 5%; hechos punibles contra los bienes, robo agravado, 32,5%; hurto agravado, 10%; violación a la Ley de Drogas, 17%; y los hechos punibles contra la convivencia familiar, 8,5%. 

Los delitos más frecuentes en los hombres: robo agravado; violación a la Ley de Drogas; homicidio doloso; y la violencia familiar. En cuanto a las mujeres: violación a la Ley de Drogas con un alto porcentaje; homicidio doloso; robo agravado; y violencia familiar. 

El 57% de las personas privadas de libertad son del departamento Central y de Capital; sólo el 25,3% está detenida en una cárcel de su circunscripción, cerca de su Juzgado, cerca de su defensor público.

El promedio de condena es de 8,5 años en las personas privadas de libertad, si bien hay un 40% que recibe una condena promedio de 5 años, el otro 60% recibió una condena superior. 

El 40% de las personas privadas de libertad han reincidido en algún momento, entre el 17%, 40% y 18% han reincidido entre una a tres veces. Para el MNP este dato es importante para analizar y reflexionar sobre si el sistema penitenciario funciona realmente y pensar en una política post-penitenciaria.

Entre las recomendaciones se menciona la necesidad de que las áreas judiciales de las 27 penitenciarías y centros educativos debe estandarizar el sistema de recolección, procesamiento y carga de datos, para así poder contar con información completa y comparable. Se debe establecer un sistema estandarizado de codificación de las variables que conforman la planilla del registro de las personas privadas de libertad.

ACCEDA AL MATERIAL CON EL ADELANTO DE DATOS DEL ANUARIO ESTADÍSTICO 2019 

 

MAYOR INFORMACIÓN 

Comisionado Dante Leguizamón, presidente del MNP - Cel. 0982447173

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