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Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura urge avanzar en cumbre de poderes sobre crisis penitenciaria

 

Ante los hechos ocurridos el fin de semana pasado en la Penitenciaría Regional de San Pedro y la Penitenciaría Nacional de Tacumbú con el desenlace de 10 personas privadas de libertad fallecidas y varias heridas; el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) urge avanzar en su propuesta de realización de la Cumbre de Poderes para abordar la problemática cuya magnitud ha modificado profundamente todo el sistema. 

En los meses de abril y mayo de 2019, los y las comisionados/as del MNP se reunieron con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, y el titular del Congreso, Silvio Ovelar, a fin de expresar la preocupación institucional con relación a la crisis del sistema penitenciario y la necesidad de aunar esfuerzos entre las instancias del Estado paraguayo para brindar una respuesta integral.

El MNP socializó con las altas autoridades los resultados del monitoreo dentro del sistema penitenciario e investigaciones que dan cuenta de los problemas que deben ser atendidos. Propuso trabajar de manera coordinada generando espacios de análisis y definición de políticas interinstitucionales para abordar el fondo de la situación, resultado de otros aspectos como el abuso de la prisión preventiva, la morosidad judicial, carencia de políticas preventivas con relación a la comisión de delitos, entre otros. 

Para el MNP la situación de emergencia penitenciaria se arrastra desde hace varios años por lo que su abordaje requiere mirar más allá de la construcción de nuevas cárceles como respuesta inmediata y la solución no depende sólo del poder Ejecutivo sino de una acción interinstitucional donde intervengan los actores políticos de los poderes del Estado. 

Las principales preocupaciones son los problemas estructurales del sistema (falta de acceso al agua potable, a la salud, a alojamiento adecuado, a la educación y al trabajo), la corrupción dentro del sistema y la emergencia de grupos criminales. Si bien es entendible que luego de episodios tan trágicos como los vividos el último fin de semana, afloren ideas casi como recetas mágicas (otorgar la custodia de las penitenciarías a militares, traslado de personas condenadas a sitios geográficos aislados de nuestro país), para el MNP estas alternativas no serían viables y podrían profundizar el tenso ambiente de las cárceles, produciendo innecesarios nuevos conflictos cuando no vulneración directa de derechos de las personas privadas de libertad.

Nos encontramos ante un momento crucial en la definición de acciones y toma de decisiones políticas para dar respuestas a la población penitenciaria que hoy desborda la capacidad de nuestras cárceles: en 2018, aumentó en 949 personas; en lo que va del año 2019, en 1100 personas; aproximadamente el número de personas privadas de libertad crece en 1280 personas en promedio, anualmente.

Tras los lamentables sucesos citados más arriba, el equipo del MNP realizó el seguimiento correspondiente en ambos casos y elevará los informes respectivos como parte de la documentación disponible. Si bien se han mantenido sucesivas reuniones para coordinar una agenda interinstitucional con miras a esta cumbre, hoy la crisis demanda que el tema sea prioridad en las instancias del Estado involucradas.