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Abusos en el funcionamiento de las fuerzas públicas preocupa al MNP

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) dio a conocer hoy su Informe Anual de Gestión 2017, en el cual resalta las principales preocupaciones en torno a la prevención de la tortura y la garantía de los derechos humanos por parte del Estado paraguayo. La presentación estuvo a cargo de la comisionada Soledad Villagra, presidenta del MNP 2018, y la comisionada Stella Maris Cacace, presidenta saliente. 

Entre sus principales preocupaciones, el MNP señala el funcionamiento de las fuerzas públicas, apuntando a que el desafío es que funcionen dentro de la legalidad para la prevención de la tortura y los malos tratos y de todo tipo de violaciones de derechos humanos.

El MNP ha denunciado abusos de la Fuerza de Tarea Conjunta, que en vez de ser controlados, fueron respaldados por procedimientos fiscales y judiciales. Así mismo, la falta de base legal de la actuación de la SENAD. Igualmente, se debe vigilar el funcionamiento de varias brigadas policiales, grupos como Lince. Para el MNP, se desacredita toda la lucha en favor de la inseguridad cuando se incurre en prácticas abusivas e ilegales, en violaciones de derechos humanos. 

“Si vamos a entrenar gente (policías de élite) para perseguir la delincuencia, no podemos convertir a esa gente en delincuentes. Es un contrasentido que para perseguir a quien no cumple la ley, se le permita incumplir la ley a la fuerza pública”, sostuvo la comisionada Villagra.

Para el MNP la impunidad es un flagelo en varios frentes en lo que respecta a los sistemas de control. La institución considera que para que los agentes del Estado sean realmente eficientes, así como se debe premiar a los mejores, a los que cometen prácticas abusivas se los debe castigar administrativamente y judicialmente. Las prácticas de tortura y malos tratos se cometen muy de cerca con la corrupción.

Otro aspecto que preocupa al MNP es la situación carcelaria, especialmente en lo que respecta a malos tratos. “Es generalizado, desde las condiciones de la infraestructura que mantienen a personas con dificultades para acceder al agua potable, para tener un lugar digno donde dormir hasta el trato violento de golpes, castigos y solicitudes de pagos indebidos”, explica la comisionada Stella Maris Cacace. 

A esto se añade otros malos tratos como el abuso del aislamiento como sanción: las celdas de aislamiento no tienen condiciones para la habitabilidad humana, en algunas penitenciarías la permanencia es por más de 15 días, considerado un trato cruel e inhumano; el abuso de los traslados, las personas que presentan problemas de conducta son trasladados a otras penitenciarías, aislándolas de sus familias y defensores, afectando al proceso penal; el hacinamiento, de los 18 penales están con sobrepoblación crítica el 65% y con sobrepoblación el 25,5%; las condiciones de vida precarias, las personas en situación de pobreza son mayormente afectadas; y la falta de garantías al derecho a la salud, por la inexistencia de tratamientos médicos en general, de desintoxicación en particular, de prevención de enfermedades, y, especialmente, la salud mental es la más descuidada.  

Igualmente se puntualiza como preocupaciones la protección en los primeros momentos de la detención, se trabaja por garantizar la defensa legal desde el primer momento, la atención y el diagnóstico médico que no siempre se cumple, y para que no se den demoras en la comunicación a familiares y terceros; el abuso de la prisión preventiva, atendiendo que las personas privadas de libertad permanecen por largos periodos de tiempo sin llegar a juicio oral; y las muertes bajo custodia, que según datos del MNP, del 2013 al 2016, se produjeron 166 muertes bajo custodia del Estado, 97 de las muertes se produjeron por cuestiones relacionadas a la atención de la salud.

DATOS PREOCUPANTES 

• A marzo de 2018, existen 14326 personas privadas de libertad en sitios habilitados para 9.511 personas. De los 18 penales, el 65% se encuentra con sobrepoblación crítica, el 25,5% con sobrepoblación y sólo el 8% no presentan sobrepoblación. 

• El 83% de las mujeres privadas de libertad son madres con hijos/as pequeños pero existen solo dos penales que tienen sectores destinados a que las mujeres puedan permanecer con sus hijos. 

• El 77% de las personas privadas de libertad está en prisión preventiva. 

• Del total de muertes bajo custodia del Estado, de 2013 a 2016, el 48,7% son personas menores de 35 años; y el 50,1% de las muertes ocurrieron antes de que la persona cumpla los dos primeros años de reclusión.  

CIFRAS DE LA GESTIÓN DEL MNP EN SU QUINTO AÑO

- 47 visitas de monitoreo (inspección, seguimiento e intervenciones en situaciones especiales) en diferentes ámbitos de intervención: penitenciarías, centros educativos para adolescentes, establecimientos policiales y militares, hogares de abrigo para niñas, niños y adolescentes, y establecimientos de internación de personas con discapacidad física o mental, o con adicciones; de capital y 8 departamentos del país, totalizando 8.060 las personas en situación de encierro, de las cuales 7.528 eran personas privadas de libertad (hombres, mujeres).

- 465 recomendaciones a instituciones públicas de los tres poderes del Estado

- 12 mesas de diálogo

- 20 actividades de formación

- 14 escabinos y escabinas

- 139 voluntarios y voluntarias

- 6 investigaciones sociales

- 2 informes a organismos internacionales (Comité contra la Tortura-CAT, Comité para la eliminación de la discriminación contra la Mujer-CEDAW) 

 ACCEDA AL INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2017 

Mayor información:   Soledad Villagra, comisionada del MNP - Cel.: 0982447173