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MNP aboga por la no impunidad en enjuiciamiento a funcionarios por hecho de tortura cometido contra adolescentes en privación de libertad

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) aboga por la no impunidad en relación al enjuiciamiento de Roden Leiva y Vicente Vázquez, ex director y ex jefe de seguridad, por el crimen de tortura cometido contra adolescentes en situación de privación de libertad en el Centro Educativo Sembrador, de Villarrica. El actual Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Miguel Cardozo Velázquez, Víctor Ortigoza Aguirre y Nancy Roa, fijó como fecha de juicio el 09 de setiembre del 2021, a las 07:30 horas.

 

En agosto de 2016, el MNP presentó al Ministerio de Justicia (MJ) un informe del monitoreo sobre las condiciones de detención de los adolescentes en el referido Centro Educativo, en el cual detectó un patrón de torturas sistemáticas, golpes de puños, patadas y golpes con caños en los pies de los adolescentes, que se realizaban cotidianamente. En tal sentido, el MNP solicitó medidas efectivas al MJ: Iniciar un sumario y separar de manera inmediata al director Roden Leiva, del contacto directo con adolescentes privados de libertad en  cualquier establecimiento. 

 

De acuerdo a los testimonios recabados por el MNP durante la inspección realizada el 21 de julio del 2016, lo más común y cotidiano consistiría en la aplicación de golpes con un caño relleno con cemento y piedras en la planta de los pies; en las formaciones se nombra a quienes recibirían el castigo que consistiría en acostarse boca abajo en el pabellón frente a los demás internos para someterlo a 20 azotes. Conforme a lo relevado, quien presuntamente aplicaba los golpes era el ex jefe de Seguridad, Derlis Vázquez, en presencia del director Roden Leiva y dos guardias más. A partir de esta información, el MJ ordenó la intervención del Centro y como resultado de ésta se realizó la denuncia penal.

 

En esta causa se realizó un primer juicio oral en 2018, donde el entonces Tribunal de Sentencia integrado por los Jueces Luis Jiménez, César Báez y Luis Alfonso, absolvieron a los acusados. Dicha decisión fue recurrida por el Ministerio Público pero el Tribunal confirmó la absolución, por lo que MP presentó una casación ante la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal integrada por los ministros María Carolina Llanes, Manuel de Jesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, declaró la nulidad de la sentencia y  ordena el reenvió de la causa a un nuevo Tribunal de Sentencia para un nuevo juicio oral. 

 

El Estado paraguayo ha asumido compromisos internacionales para la sanción y erradicación de la tortura, crimen que atenta contra dignidad de la persona en su integralidad (personal, física y psíquica), y hasta la fecha no se cuenta con condena por casos de tortura en periodo democrático.