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MNP expresa preocupación por la designación de un funcionario denunciado por tortura en un cargo del Ministerio de Justicia

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) expresa su preocupación ante la designación de Antonio Bazán, funcionario denunciado por supuestos hechos de torturas y malos tratos, en el cargo de Director interino de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, de vital importancia para el trabajo con las personas privadas de libertad.

Mediante una nota remitida a la Ministra de Justicia, Cecilia Pérez, el MNP expuso los graves antecedentes relevados por la institución desde el 2014 vinculados con Bazán, sobre todo con relación a su desempeño como director de los centros educativos de Concepción e Itauguá. Dicha información se encuentra registrada en informes de intervención y/o monitoreo, notas y denuncias penales realizadas por el MNP. 

En diferentes oportunidades, el MNP reclamó al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público la investigación y sanción de estos hechos, tanto en la esfera administrativa como la judicial, sin que hasta ahora se haya podido avanzar en este sentido.

En 2017, el MNP remitió una nota al Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas manifestando la preocupación por la permanencia de Antonio Bazán en el cargo de director del Centro Educativo de Itauguá. Asimismo, fue incluido como punto relevante en el informe presentado ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas con las preocupaciones del MNP relacionadas a la impunidad de la tortura. 

Se ha verificado también que Bazán tiene, al menos, tres causas penales en la Unidad de Delitos contra los Derechos Humanos, todas en trámite de investigación. El MNP ha solicitado expresamente que a las personas con denuncias de tortura se las separe del contacto con la población privada de libertad, hasta tanto se sustancie el proceso investigativo, lo que no afecta el principio de inocencia de la persona denunciada.

El MNP considera que, en el afán de la prevención de la tortura, la persona denunciada o que tenga este tipo de antecedentes en el desempeño de sus labores, debe ser separada del contacto con la población privada de libertad y no ocupar un cargo dirigencial, porque existe una situación de vulneración o posibilidad de nuevos hechos de tortura y esa persona no debería mantener una situación de aún más poder.