Buscador

MNP resalta situaciones preocupantes de medidas en la cuarentena que impactan en la vida de las personas

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) detectó situaciones que generan preocupación y que persisten en las medidas de control en la cuarentena debido al Covid19, por lo que considera importante una evaluación del impacto de las mismas en la vida de las personas. 

La actuación policial está marcada en muchos casos por el uso abusivo de la fuerza, humillaciones y comportamientos extorsivos en todo el país, conforme denuncias recibidas por el MNP. 

La mayoría de las personas imputadas son de escasos recursos. La Fiscalía General del Estado informó que al 23 de abril de 2020 fueron imputadas 2579 personas por quebrantar las disposiciones sanitarias y, por su parte, el Ministerio de la Defensa Pública indicó que, de dicho número, 1715 personas fueron asistidas por defensores y defensoras públicas. En este contexto, personas de escasos recursos también recurren a abogados y abogadas privados. 

Las consecuencias de la detención masiva de una gran cantidad de personas en situación vulnerable y que muchas veces podría haber justificado su salida, y que por no portar justificativos o no saber presentarlos como se debiera, o por no tener medios para procurarse el sustento y por realizar trabajos informales, o hasta en numerosos casos, siendo víctimas de procedimientos extorsivos o invasivos muy cerca de sus casas, e inclusive, en algunos casos, dentro de sus casas, deviene en peores situaciones de las que se pretendían prevenir y combatir.

La conducta de la mayoría de los fiscales, según lo relevado por el MNP, ha respondido al criterio de imputar para después evaluar si eran o no justificadas las violaciones de la cuarentena. Las personas imputadas lo son por supuestos delitos que no serán tales en dos semanas o un mes, y los efectos de estas imputaciones van a pesarles económica y socialmente por meses y quizá años, debido a la burocracia y lentitud del sistema procesal penal, a lo que debe sumarse el alto costo en tiempo y dinero, además del impacto personal y familiar.

A la situación descrita, se suma el hecho de que una vez levantadas las restricciones de circulación, muchas de las personas afectadas tendrán que afrontar penas de prisión cuando violen una medida de prisión domiciliaria, lo cual necesariamente sucederá en el caso que necesiten salir para ganar su sustento. Ello agravará aún más la crisis económica y social que sobrevendrá en nuestro país como consecuencia de esta contingencia de orden mundial.

La prohibición del ingreso de nuevas personas al Sistema Penitenciario, por atendible precaución del Ministerio de Justicia, ha generado una sobrepoblación en las comisarías; estos lugares de reclusión no cuentan con medidas sanitarias y devienen en focos de posible propagación del virus, dado el constante flujo de personas que son aprehendidas y a quienes se les otorga medidas, y a las que se les dicta prisión preventiva y terminan cumpliéndola en estos sitios. 

Preocupa al MNP que, como en muchos otros temas de política criminal o social, se utilice la respuesta penal de castigo/prisión ante situaciones que requieren otro tipo de abordaje, agrava la situación de las personas y no sirve como elemento ejemplificador puesto que las detenciones fueron aumentando. Esta respuesta penal es siempre selectiva y direccionada hacia el sector con menor capacidad económica y social de afrontar o refutar estos procedimientos. 

El momento exige que las soluciones sean creativas, que se establezcan otras formas de abordaje tanto para el respeto de las medidas sanitarias como para las sanciones, inclusive, frente a violaciones de las mismas. No se debe generar una situación de riesgo para los grupos más vulnerables y que la presencia policial en las calles sea vista como una preocupación por la posibilidad de represión, antes que de cumplimiento de la función de colaborar con la ciudadanía y las autoridades para el respeto de las medidas sanitarias necesarias. 

El MNP insta a las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Ministerio Público a realizar un profundo análisis de la situación descrita y sus alcances, de suerte a evaluar e implementar otras acciones para abordar la problemática generada.