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MNP y SENAC se unen para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la Secretaría Nacional Anticorrupción de la Presidencia de la República del Paraguay (SENAC) acordaron una cooperación interinstitucional para la implementación paulatina, ordenada y eficaz de las recomendaciones y medidas necesarias para alcanzar la transparencia en la gestión pública, la integridad de las servidora y servidor público, la prevención y la detección de supuestos hechos punibles de corrupción.  

La firma del convenio estuvo a cargo del Presidente del Turno del MNP, comisionado Dante Leguizamón, y el Ministro Secretario  Ejecutivo de la SENAC, Rene Fernández. 

Esta cooperación interinstitucional apunta además a fortalecer los mecanismos para la participación ciudadana y realizar capacitaciones para las y los integrantes del MNP sobre temas vinculados con la prevención y lucha contra la corrupción en las instituciones públicas.

 

Datos relevantes del anuario estadístico de las personas privadas de libertad 2019

 

 El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó avances de los hallazgos del Anuario estadístico de personas privadas de libertad en la República del Paraguay 2019, con información actualizada e integrada sobre la población en los 27 establecimientos penitenciarios y centros educativos de la República del Paraguay. 

Las principales dificultades observadas fueron que la información en los centros penitenciarios o educativos no está estandarizada, no está actualizada o no está completa, existe un importante subregistro. 

A marzo del 2019, momento de cierre de la compilación de la información para la construcción de la base de datos del Anuario, de acuerdo al parte diario del Ministerio de Justicia, 15.773 personas se encontraban privadas de libertad: 14.854 en cárceles de hombres (76% en prisión preventiva) y de mujeres, 919 (64% en prisión preventiva); y 283 en centros educativos para adolescentes (hombres y mujeres) en privación de libertad. Total de adolescentes, 283: hombres 269 (86% en prisión preventiva), y mujeres, 14 (solo una (1) estaba condenada del total). 

El relevamiento da cuenta de una población adolescente (14-17 años) de 232, comprendiendo el 1,6% (en 2018, 1,3%); joven (18-29 años) de 7.085, comprendiendo el 48,2% (2018, 48,5%); adulto joven (30-45 años) de 5.513, siendo el 37,7% (2018, 37,3%); adulto (46-65 años) de 1.690, comprendiendo el 11,6% (2018, 12,7%); y persona mayor (+65 años) de 88, 0,6% (2018, 0,6%).

Hechos punibles por los que las estas personas están privadas de libertad

Los hechos punibles contra los bienes de las personas representan el 43%; hechos punibles contra las personas, 26%; hechos punibles violatorios de la Ley 1340 o Ley de Drogas, 17,5%; y hechos punibles contra la convivencia entre las personas, 10%. 

En cuanto al sexo de las personas privadas de libertad: el 45% de estas personas son mujeres detenidas por violar la Ley 1340 o Ley de Drogas; el 45% de los hombres está detenido por el hecho punible contra los bienes de las personas; y el 16% de los hombres por la Ley de Drogas. Con relación a los hechos punibles contra las personas tenemos el 27 y 17 por ciento, respectivamente. 

El 40% de los hechos punibles, los homicidios, son cometidos por personas mayores de 45 años, en cambio, en lo que respecta a los hechos punibles contra los bienes de las personas, el mayor porcentaje corresponde a las personas menores de 30 años. Igual ocurre con los hechos punibles que violan la Ley 1340 o Ley de Drogas, la mayoría de estos hechos involucran a personas adultas.  

Entre los hechos punibles más frecuentes figuran: homicidio doloso, 14%; el abuso sexual contra niños y niñas, 5%; hechos punibles contra los bienes, robo agravado, 32,5%; hurto agravado, 10%; violación a la Ley de Drogas, 17%; y los hechos punibles contra la convivencia familiar, 8,5%. 

Los delitos más frecuentes en los hombres: robo agravado; violación a la Ley de Drogas; homicidio doloso; y la violencia familiar. En cuanto a las mujeres: violación a la Ley de Drogas con un alto porcentaje; homicidio doloso; robo agravado; y violencia familiar. 

El 57% de las personas privadas de libertad son del departamento Central y de Capital; sólo el 25,3% está detenida en una cárcel de su circunscripción, cerca de su Juzgado, cerca de su defensor público.

El promedio de condena es de 8,5 años en las personas privadas de libertad, si bien hay un 40% que recibe una condena promedio de 5 años, el otro 60% recibió una condena superior. 

El 40% de las personas privadas de libertad han reincidido en algún momento, entre el 17%, 40% y 18% han reincidido entre una a tres veces. Para el MNP este dato es importante para analizar y reflexionar sobre si el sistema penitenciario funciona realmente y pensar en una política post-penitenciaria.

Entre las recomendaciones se menciona la necesidad de que las áreas judiciales de las 27 penitenciarías y centros educativos debe estandarizar el sistema de recolección, procesamiento y carga de datos, para así poder contar con información completa y comparable. Se debe establecer un sistema estandarizado de codificación de las variables que conforman la planilla del registro de las personas privadas de libertad.

ACCEDA AL MATERIAL CON EL ADELANTO DE DATOS DEL ANUARIO ESTADÍSTICO 2019 

 

MAYOR INFORMACIÓN 

Comisionado Dante Leguizamón, presidente del MNP - Cel. 0982447173

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura expresa su preocupación sobre las iniciativas del Ministro del Interior

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) expresa su preocupación por las iniciativas del Ministerio del Interior para evitar la identificación del personal policial del grupo LINCE en sus procedimientos. 

El MNP considera importante remarcar que la Policía Nacional debe cumplir con la normativa nacional e internacional referente a los procesos de aprehensión/detención, al respeto de los derechos humanos y además debe implementar medidas que prevengan situaciones de torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes. 

En este sentido se debe recordar que la Policía Nacional no tiene potestad ni retener o demorar personas para identificar a las personas o por cualquier otro motivo que implique una aprehensión en virtud a lo dispuesto expresamente en el artículo 239 del Código Procesal Penal: “ninguna persona puede ser detenida ni arrestada sin orden escrita de una autoridad competente, salvo caso de ser sorprendida en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal o cuando la misma se haya fugado de un establecimiento penal”. 

Así también a que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión debe ser tratada humanamente y con el respeto debido o la dignidad inherente al ser humano, entre otros principios.

Las iniciativas planteadas van en contra de la normativa internacional, las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, las garantías constitucionales y contra de la propia reglamentación de la Policía Nacional referente al uso de la fuerza. 

El Manual de Uso de la Fuerza de la Policía Nacional dice: 

Durante el servicio, el policía uniformado siempre deberá ser identificado como tal, para lo cual debe llevar puesto su uniforme reglamentario. En el bolsillo de la camisa, claramente visible y fácilmente legible, llevará su nombre. El policía debe portar siempre su identificación oficial que lo acredite como miembro de la Policía Nacional.

La no identificación del personal policial es una clara medida de regresión en materia de protección de los derechos humanos de las personas aprehendidas/detenidas, de prevención de la tortura y propicia la impunidad hechos de torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes. 

 

MAYOR INFORMACIÓN: 

Comisionado Dante Leguizamón, presidente de turno del MNP, 0981555430

 

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